Un pacto para una crisis
Puede ser que en nuestro país se produzca, de vez en cuando, algún milagro que no seamos capaces de valorar. Más aún: que no seamos capaces de reconocer. Después de negociar desde el pasado mes de octubre, el 25 de enero de 2012 la CEOE, la CEPYME, CC OO y UGT firmaron el II Acuerdo Nacional para el Empleo y la Negociación Colectiva, 2012, 2013, 2014. La repercusión mediática fue tristemente reducida: ni mención en la portada de la mayoría de los periódicos. No deja de sorprender, básicamente por tres motivos. Primero, por el inclemente bombardeo mediático sobre la "necesidad imperiosa y urgente de una reforma laboral". Segundo, porque causa desconcierto que en la situación social y económica de España las organizaciones sindicales y empresariales alcancen acuerdos. Y tercero, porque lo acordado tiene importancia intrínseca, sin precedentes, posiblemente, en el escenario europeo.
Promover la flexibilidad o potenciar la productividad no se consigue solo por haberlo escrito
No entraré en el debate de la "excepcionalidad española", ni discutiré si su marco regulatorio, cuya reforma es imprescindible para activar la recuperación y crear empleo, es el responsable del pavoroso desempleo. Esa relación de causalidad entre ordenamiento laboral y creación de riqueza puede ser discutible. Pero no es este el debate. Lo que de verdad me extraña es que todos los días venimos escuchando que la reforma laboral es el asunto prioritario, a la vez que, con voz más o menos gruesa, se insinúa que para esta tarea los agentes sociales valen poco, "defienden intereses corporativos", "no representan a nadie". Pues bien, cuando se da prueba de lo contrario, es como si no hubiera pasado nada. Y la desgracia es que el desaire social acaba por condicionar la propia eficacia de los acuerdos. Más o menos pasó lo mismo con los acuerdos de pensiones. Eran vitales, hasta que se firmaron. Entonces pasaron a ser indiferentes.
En verdad, la "excepción española" es otra. Es que en las circunstancias actuales los sindicatos se dediquen a negociar y lleguen a acuerdos (metal, construcción, etcétera). Que asuman su compromiso social identitario: representar y defender los intereses de los trabajadores. Que acuerden cuando es posible y que no lideren la oleada de indignación cuando los pactos se atrasan, dificultan o entorpecen. No sé cómo estaría mi país si el paro y el abatimiento del consumo vinieran acompañados por la pasión y la tamborrada.
Las asociaciones empresariales y sindicales son "sujetos constitucionales" que defienden algo más que intereses particulares. "Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses sociales y económicos...". Este anclaje constitucional justifica el apoyo institucional y es su comportamiento el que ha aportado modernidad, prosperidad y tolerancia a España. Merecen, pues, además de crítica -cómo no-, algún reconocimiento, aunque no fuera muy a menudo. Lo acordado, además, es ciertamente sustantivo. No es un simple pacto de legitimación.
Sé que la "reforma laboral" goza de una cierta vocación mística y por tanto no es fácil de concretar. Pero se han venido diciendo cosas incluso razonables: "Hay que promover la productividad y por ello no cabe la férrea indización salarial vía inflación". Pues bien, no es que lo acordado sea una contención salarial, sino que, además, se modifica sustancialmente el sistema de fijación de salarios. Se "desnacionaliza". A partir de ahora pasamos a considerar factores como "el objetivo de inflación del Banco Central Europeo", "la tasa de variación anual del IPC armonizado de la zona euro" o "el precio medio internacional en euros del petróleo Brent".
Parece que era eso lo que se venía "exigiendo". Ahora ya está aquí, y lo que está aquí es el cambio más importante en la negociación salarial desde los Pactos de la Moncloa, cuando cambiamos inflación pasada por inflación prevista. Posiblemente es el primer acuerdo europeo que refleja formalmente la globalización de la economía. Necesitaría mayor reconocimiento, mayor aplauso.
Se dice, y es verdad, que hay que acercar la negociación a la realidad y que ello exige potenciar el convenio de empresa. Claro que sí. Pero primero recordemos algo: en nuestro país hay unas 4.500 empresas de más de 250 trabajadores, y hay también 4.500 convenios, más o menos, de empresa. Por supuesto que hay que promover la descentralización. ¿Y qué se pacta? Primero: "Los convenios sectoriales deberán propiciar la negociación en la empresa". Segundo: "Se apuesta de forma decidida a favor de la descentralización de la negociación colectiva". Tercero: "Hay que potenciar la flexibilidad en la empresa, para que esta pueda adaptarse a un mercado cambiante y competitivo". No suena mal, ¿no? Sería saludable que no nos acostumbráramos a encontrar para cada solución un problema.
Promover la flexibilidad, potenciar la productividad, acercar la negociación a la empresa no se consigue simplemente por haberlo escrito. Va a exigir un considerable esfuerzo en comprensión y en sacrificio por parte de los futuros negociadores de los más de 5.000 convenios que tenemos. La rentabilidad del esfuerzo es mucho mayor cuando existe reconocimiento social a la tarea realizada. Cuando se refuerza y reconoce, social e institucionalmente, la función de asociaciones empresariales y sindicales. Y en eso estamos. En el convencimiento de que en nuestro país tan necesario como el crédito financiero es el crédito institucional.
Marcos Peña es presidente del Consejo Económico y Social de España (CES).
