La UE toma medidas para evitar que la recapitalización de la banca afecte al crédito

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea han llegado hoy a un acuerdo para evitar que el proceso de recapitalización de la banca acabe afectando al crédito, lo que complicaría la ya de por sí débil situación económica de la eurozona. Para ello, los responsables económicos reunidos hoy en Bruselas han pactado modificar los criterios que se utilizarán para calibrar los mínimos de capital exigidos a las entidades con el objetivo de que el proceso no afecte a la financiación de familias y empresas.

Junto a esta medida, el Ecofin también han cerrado un pacto para reforzar los poderes de los supervisores financieros nacionales con vistas a que puedan prohibir el pago de bonus o dividendos de los bancos que necesiten reforzarse. Mientras, del lado de los desencuentros, han constatados que siguen divididos sobre la creación de una tasa financiera a la banca y sobre el cómo ampliar el fondo de rescate del euro.

Por otra parte, sí han llegado a un acuerdo de cuáles son los indicadores que servirán para fijar los procesos por desequilibrios excesivos que podrían poner en aprietos la competitividad de un determinado Estado. Entre estos 10 criterios se incluye un alto desempleo, lo que permitirá a la UE imponer multas de hasta un 0,1% del PIB del país incumplidor y no tome las medidas adecuadas para remediarlo.

Recapitalización de la banca

Los líderes de la UE pactaron en la cumbre del pasado 26 de octubre una recapitalización del sector financiero que obligará a las 70 grandes entidades de cada país a captar un total de 106.447 millones de euros. Del total, España y sus cinco entidades afectadas acaparan 26.161 millones, lo que coloca al país como el segundo por detrás de Grecia con mayores necesidades. Este dinero es el que necesitarían las entidades para lograr un 9% de capital de máxima calidad (core tier 1) tras valorar a precio de mercado la cartera de deuda soberana.

No obstante, para reforzarse, los ministros de Economía han decidido impedir que los bancos opten por la vía más fácil que es la de reducción de activos y deuda (desapalancamiento). Para ello, han acordado fijar el nivel de los activos de máxima calidad que precisa cada entidad en términos absolutos en lugar de hacerlo en porcentaje. Esta cifra, que evalúa las necesidades de los bancos, simula una foto fija de las cuentas de las entidades, por lo que representa su situación en un momento determinado (que será con datos de este mes de noviembre) y, por tanto, no variará en el tiempo.

En cuanto al impuesto a las transacciones financieras, los países de la UE siguen muy divididos ante lo cual algunos de sus máximos propulsores como Bélgica, Austria y Alemania, opinan que, al menos, debería introducirse en la eurozona. Alemania y Francia, férreos defensores de la tasa, se han ganado el apoyo de otros siete países: Austria, Eslovenia, Bélgica, España, Finlandia, Grecia, y hasta cierto punto, Irlanda, que pide más trabajo técnico antes de proceder.

En la posición opuesta se encuentran Reino Unido y Suecia, que recibieron el apoyo de la República Checa, de Malta, de Chipre y de Bulgaria, países esos dos últimos que solo quieren apoyar una medida así si es a nivel global. Estos países alegan que una tasa a las transacciones financieras en la UE alejaría a los negocios afectados a países terceros y argumentan que impactarían negativamente en el crecimiento, el empleo y la competitividad, elevaría el coste de refinanciación de los países endeudados y el sector trasladaría la tasa a los consumidores.

Otros siete países han expresado su indecisión y varios de ellos pidieron primero un estudio del impacto y, como Luxemburgo, Italia, Dinamarca, Letonia, Holanda, Eslovaquia, Rumanía. Los restantes cinco países no se han pronunciado en el debate.

"España está a favor de una tasa a las transacciones financieras", ha afirmado la vicepresidenta española y ministra de Asuntos Económicos, Elena Salgado, durante su intervención. "La cuestión ahora es, y creo que estamos más cerca de ello, si disponemos de una masa crítica entre los países que estamos a favor de la tasa para intentar lograr un acuerdo, al menos a nivel de la UE, pero también para impulsar una tasa global", ha añadido antes de admitir: "No todo el mundo la aceptará de un día a otro (...) pero tenemos que seguir debatiendo la idea".

Sobre la posibilidad de que España sea multada por su alta tasa de paro ha recordado que, antes de llegar a la sanción, "la Comisión Europea determinará caso por caso si se pone en marcha un proceso por desequilibrio excesivos, lo que puede dar lugar o no a la emisión de recomendaciones". "Si se ignoran -estas recomendaciones- de forma repetida por parte del Estado miembro o si presenta plan de acción pero no lo cumple, entonces se podrá poner en marcha la parte coercitiva" del programa. Esto es, la multa. Lo que en España supondría pagar 1.000 millones de euros tras un proceso que, como mínimo, duraría dos años.