Cronología del juicio al alcalde de Ponferrada por acoso sexual

La tarde del 26 de marzo de 2001, una mujer dimitió de su puesto de trabajo al tiempo que, entre sollozos, denunciaba acoso sexual por parte de su jefe, pero no era un caso cualquiera. Ella, Nevenka Fernández, era la concejala popular de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada (León) y el denunciado, Ismael Álvarez, el alcalde de la localidad del mismo partido y parlamentario en Castilla y León.

Nevenka, soltera, 26 años y Licenciada en Empresariales en el San Pablo-CEU con un máster en Auditorías por la Complutense, relató entonces en rueda de prensa que ella e Ismael, viudo de 49 años, mantuvieron una relación durante poco menos de cinco meses a partir del otoño de 1999, tras enviudar el alcalde.

La concejal puso fin a la relación, lo que dio paso a "un infierno" de "notas manuscritas, mensajes en móvil, cartas, comentarios hirientes, descalificaciones, actos y vejaciones sexuales" que atentaron contra su integridad física y psíquica.

Esta insoportable situación provocó que Fernández solicitara la baja por depresión en septiembre de 2000, después de tan sólo 13 meses como concejal de Hacienda, y su huida a Madrid, donde se sometió a un tratamiento con ansiolíticos. Después de seis meses de baja, la concejal dimitió de su cargo tras presentar una querella contra el alcalde.

"Rotundamente falsa"

Ante esta denuncia, el regidor respondió que era "rotundamente falsa" y que la mujer busca su "destrucción política". Pero los tribunales admitieron la demanda, lo que llevó a Álvarez a pedir al PP la suspensión temporal de su militancia hasta la celebración del juicio, aunque no renunció a su cargo ni como alcalde ni como procurador regional.

En febrero de 2002, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, admitió todas las pruebas documentales y periciales presentadas por las partes y fijó para la segunda semana de abril el inicio del juicio contra Álvarez por un presunto delito de acoso sexual y dos más de lesiones y coacciones a la ex concejal.

Un año y medio después de la denuncia, el pasado 29 de abril, comenzó el juicio en Burgos, el primero de estas características en España, por el que pasarán un total de 40 testigos en dos semanas: 10 de los 16 concejales del Ayuntamiento, amigos y cargos del PP.

La Fiscalía pide 15 fines de semana de arresto y un millón de pesetas de indemnización, mientras que la acusación particular reclama la inhabilitación especial para cargo público y una indemnización de dos millones de pesetas (12.000 euros) más 10.000 pesetas al día por las secuelas. La defensa del alcalde pide la libre absolución. El PP regional guarda silencio sobre el juicio.

"Despecho"

Desde el primer día, el juicio ha estado rodeado de polémica ya que el acusado, Ismael Álvarez, dijo en el tribunal que el acosado era él. "Saber el porqué de la querella es difícil. Le he dado mil vueltas..., puede ser despecho, celos amorosos y profesionales, enfermedad, venganza. ¡Es tan increíble!", declaró.

En la primera semana, testificaron los concejales de Ponferrada del PP que quisieron calificar a Fernández, a preguntas del fiscal, como la "niña bonita" del equipo de Gobierno, que había suscitado, sin duda, muchas envidias entre ediles "menos preparadas" pero "más antiguas" en el partido.

También testificó el 1 de mayo la propia Nevenka, que relató detalladamente las vejaciones y asedios que sufría por parte del alcalde. Durante su intervención en el juicio, se produjo un episodio que todavía levanta ampollas entre las asociaciones de mujeres y que llevó a la Fiscalía General del Estado a apartar del caso al fiscal, José Luis García Ancos.

El fiscal, José Luis García Ancos, la sometió a un durísimo interrogatorio en el que llegó a preguntarle por qué no dimitió antes de su cargo "si no es una cajera del Hipercor de Burgos" que tiene que aguantar cachetadas en el culo "por el pan de sus hijos". Ante esta actitud, el presidente del tribunal, José Luis de Pedro, tuvo que recordarle que la ex edil era una testigo y no la acusada. García Ancos mantuvo su actitud ante los medios de comunicación, lo que le valió duras críticas de asociaciones feministas y del jefe de la Inspección Fiscal, Juan José Martínez Zato, que propuso su relevo.

Sustitución del fiscal

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal sustituyó finalmente a García Ancos, visto un informe de Martínez Zato, por el número 2 en la fiscalía de Castilla y León, Gregorio Segurado. Iniciado de nuevo el juicio, el 12 de mayo, fue el turno de cinco concejales del equipo de gobierno del ayuntamiento de Ponferrada, del PP, que declararon desconocer desconocían la existencia de episodios de acoso a Nevenka, por parte del Ismael Alvarez y definieron la actitud de Nevenka de "teatro".

Varios testigos, entre ellos miembros de la Junta de Castilla y león, declararon que en junio de 2000 Ismael y Nevenka continuaban juntos, lo cual se contradecía con las declaraciones de la ex concejal, que había asegurado que la relación no fue más allá de diciembre de 1999.

El último episodio del juicio se concentró en las declaraciones de los peritos, el día 16 de mayo, en las que coincidieron que el cuadro de síntomas que presentaba Nevenka Fernández correspondía al de una víctima de acoso sexual. También señalaron que no apreciaron síntomas de fabulación en la querellante y detallaron que estaba nerviosa, con muestras de angustia y deseos de salir de su situación.

El fiscal de la vista mantuvo en su calificación final, el día 17, la acusación de un delito de acoso sexual para Ismael Alvarez por el que se solicitó 15 fines de semana de arresto y una indemnización de 6.000 euros. La acusación particular pidió por su parte, por el mismo delito y otro de lesiones una multa de 18.000 euros, un año de prisión y la inhabilitación especial por el tiempo de la condena.

La defensa, por su parte, solicitó la libre absolución del procesado e incidió en las continuas contradicciones en las que incurrió la ex concejal tanto en la querella como en la declaración prestada en la fase de instrucción, el escrito de acusación y el propio juicio.

Días más tarde, el 24 de mayo, se supo que la sentencia no sería unánime debido a que existían importantes discrepancias entre el magistrado ponente del fallo, Antonio Martínez Villanueva, y los otros dos integrantes del tribunal, el presidente del TSJCYL, José Luis de Pedro Mimbrero, y la magistrada María Luisa Escalada López.

La sentencia ya había sido adoptada, según una providencia emitida ese día por el tribunal, pero hasta el 30 de mayo no ha sido dada a conocer. El letrado de la acusación particular, Adolfo Barreda, había aventurado la posibilidad de que las discrepancias entre los magistrados fueran por la manera de interpretar los hechos, bien como acoso sexual o como acoso moral, caso este último que impediría condenar al alcalde por cuanto esta conducta no está tipificada en el Código Penal.

Finalmente, el tribunal ha condenado a Álvarez por un delito de acoso sexual, recogido en el artículo 184 1 y 2 del Código Penal y le ha impuesto una pena de nueve meses de multa, con una cuota diaria de 24 euros, con la responsabilidad penal subsidiaria.