El presunto etarra Luis María Olalde se entrega a la Justicia venezolana
Las autoridades españolas habían pedido su extradición por un atentado en el que murieron tres personas
Uno de los seis presuntos etarras residentes en Venezuela cuya extradición ha solicitado el Gobierno español, Luis María Olalde Quintela, se ha entragdo hoy a la justicia, según han informado fuentes judiciales relacionadas con el caso. Olalde, de 46 años y natural de Azcoitia (Guipúzcoa), está acusado por las autoridades españolas de haber participado en 1979 en un atentado contra un vehículo de la Guardia Civil. En el ataque, llevado a cabo por el comando Urola, murieron tres personas y otra resultó gravemente herida.
El acusado se ha presentado esta mañana ante la Fiscalía, acompañado de su abogado y de un representante de la organización venezolana de Derechos Humanos (Provea). El fiscal deberá remitir el caso al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que en un plazo de 30 días tendría que convocar una audiencia pública para pronunciarse sobre la petición de extradición de España, según el tratado vigente sobre este capítulo entre ambos países.
Las autoridades españolas han insistido en reiteradas ocasiones que la respuesta del TSJ ante las seis peticiones de extradición pendientes en Venezuela es una decisión soberana que pertenece al Poder Judicial venezolano.
En busca y captura
Luis María Olalde, que actualmente se ve obligado a desplazarse en silla de ruedas debido a que tiene sus facultades motrices mermadas, llegó a Venezuela con un grupo de etarras, a finales de la década de 1980, tras un acuerdo verbal entre el Gobierno del entonces presidente español Felipe González y el del venezolano Carlos Andrés Pérez.
Los otros cinco presuntos miembros de ETA cuya extradición solicitó España son Eugenio Barrutiabengoa, Miguel Angel Aldana, José Ayesterán, Jesús Ricardo Urteaga, y José Martín San Sebastián, todos ellos reclamados por su supuesta implicación en asesinatos y atentados terroristas.
Desde marzo del pasado año, todos ellos se encuentran en busca y captura por orden del TSJ, que tres meses más tarde designó a tres magistrados de la Sala Penal como ponentes de los seis casos de extradición. Las autoridades venezolanas expulsaron a España a otros dos presuntos etarras, Sebastián Echaniz Alcorta y Victor Galarza Mendiola, en junio y diciembre del pasado año.
