_
_
_
_
_

Bono asegura no tener pruebas de que EE UU haya cometido delito en los vuelos de la CIA a España

El ministro del Interior reconoce que la existencia de esos vuelos sería "gravísima e intolerable"

El ministro de Defensa, José Bono, ha dicho que el Gobierno no tiene "ninguna prueba o indicio" de que Estados Unidos haya cometido "actividades ilícitas" en relación con el supuesto uso del aeropuerto de Palma de Mallorca por aviones de la CIA como escala para el traslado de presioneros a cárceles secretas, información que publica hoy EL PAIS. "No estoy en disposición de poner en la picota ni al Gobierno ni al país que es aliado por meras suposiciones de las que no tenemos ninguna prueba, ningún indicio y ningún fundamento", ha explicado Bono.

Más información
Ruta de los supuestos vuelos de la CIA
"Los aviones daban apoyo operativo y trasladaban a detenidos"
El CNI pidió que no se utilizase territorio español
La investigación halla en los vuelos de la CIA decenas de ocupantes con estatus diplomático

En este contexto, el titular de Defensa ha dicho que no esta dispuesto a "alentar ningún sentimiento antiamericano". "Defender a los países que son aliados y amigos no solamente lo hago con satisfacción, sino que es una obligación del ministro de Defensa", ha añadido.

Preguntado por el papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en este asunto, Bono ha rechazado que el servicio secreto solicitara a la CIA que se abstuviera de usar aeropuertos españoles para trasladar presos, tal y como publica EL PAIS. "No se puede invocar al CNI como elemento probatorio o justificativo de algo que no tiene relevancia por sus pruebas e indicios de que tenga realidad", ha dicho. Por ello, ha agregado el ministro, "no estoy en disposición de poner en la picota por rumores o suposiciones a un gobierno que es amigo y aliado".

"Hechos gravísimos"

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha reclamado por su parte prudencia hasta conocer las conclusiones de la investigación judicial que está en curso sobre esta cuestión. En una entrevista en Telecinco, Alonso ha dicho que serán los jueces los que tendrán que investigar la posible existencia de vuelos secretos de Estados Unidos con terroristas abordo y con destino a cárceles de otros países que hacían escala en España. Alonso ha aclarado que las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, en concreto la Guardia Civil, ya han hecho su trabajo y que ahora el caso está "en manos del juez". En todo caso ha dicho que, de confirmarse, se trataría de "hechos gravísimos y no tolerables" porque romperían las normas de relaciones entre Estados y violarían el ordenamiento jurídico español.

"España tiene que tener un pleno conocimiento de lo que contiene cualquier medio de transporte, pongamos por caso un avión, que pasa por su territorio, entre otras cuestiones para aplicar sus leyes", ha añadido.

Vuelos secretos

Los vuelos, 10 en total, han salido a la luz tras la investigación abierta por la Guardia Civil, que remitió un informe el pasado junio a la Fiscalía del Tribunal Superior de Baleares, en el que se hacía eco de una denuncia de un grupo de ciudadanos encabezados por el letrado mallorquín Ignasi Ribas. La denuncia, que se basaba en informaciones aparecidas en el Diario de Mallorca, recogía supuestos delitos de detención ilegal, secuestro y torturas durante el uso por la CIA del aeropuerto de Son San Joan como escala en una cadena de traslados de sospechosos de terrorismo islámico.

La Guardia Civil, además de constatar la existencia de esos vuelos, el primero de los cuales aterrizó en Palma el 22 de enero de 2004, señala que los cuatro aviones utilizados en ellos están matriculados en Estados Unidos, y que el "propietario explotador" es una empresa llamada Stevens Express Leasing, una de las que el diario The New York Times incluye entre las utilizadas como tapadera por la CIA para el transporte de supuestos terroristas.

Pese a ello, la Guardia Civil concluyó que no se apreciaban indicios de actividades ilícitas, y que "se desconoce la actividad que desarrollaban sus ocupantes". La Fiscalía de Baleares archivó poco después la denuncia, pero el juez Antonio García Sansaloni decidió en octubre pasado remitir a la Audiencia Nacional argumentando que carece de jurisdicción.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_