Gallardón resucita la 'operación Chamartín' y dice que la firma del acuerdo es "inminente"

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha avanzado esta mañana que el convenio para poner en marcha la llamada operación Chamartín, que prevé la urbanización de tres millones de metros cuadrados entre Fuencarral-El Pardo y la estación de Chamartín, estará cerrado de forma "inminente". El alcalde, que no ha dado más detalles, ha hecho este anuncio durante la presentación del proyecto de la nueva sede que el BBVA construirá en el barrio madrileño de Las Tablas. El proyecto Chamartín lleva más de 15 años estancado e implica a la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento, además del consistorio.

Gallardón ha indicado que está previsto que las conversaciones entre los propietarios del suelo y las tres administraciones implicadas están muy avanzadas, por lo que se prevé llegar a un acuerdo "de forma inminente". "Prevemos aprobar un plan que permitirá la ordenación de todo el ámbito norte para permitir las inversiones de la zona y fortalecer la red de comunicación del cierre de la M-30 Norte", ha adelantado Gallardón. Ante la insistencia de la prensa, Gallardón se ha limitado a insistir en que en "muy pocas fechas" se producirá el acuerdo para que esta operación "se convierta en una realidad".

Ha admitido que la palabra inminente en política y en el mundo jurídico es algo "indeterminado" pero ha recordado que la última vez que dijo "inminente fue en la operación de Estadio Vicente Calderón". "Esta inminencia es más inminente ahora", ha sentenciado. Desde el Ayuntamiento no han querido ofrecer más detalles de las negociaciones.

La clave está en la edificabilidad

Esta operación lleva parada más de 15 años y supone enterrar la actual estación ferroviaria de Chamartín y cambiar su uso urbanítico y el de su entorno con el fin de liberar 312 hectáreas de suelo para viviendas y oficinas. En su largo trámite, el proyecto ha tenido varias revisiones, la más importante la que amplió de 600.000 a más de tres millones de metros cuadrados la operación. De ellos, unos dos millones son propiedad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) -antes Renfe-, otro medio millón corresponde a empresas públicas municipales y autónomas -como el Canal de Isabel II y la Empresa Municipal de Transporte (EMT)- y el resto está en manos de particulares.

La clave para aumentar la rentabilidad del proyecto siempre ha estado en la edificabilidad permitida. El Ayuntamiento de Madrid aprobó en 2002 una proporción de 1,05 metros cuadrados de edificación por cada metro cuadrado de suelo en el Plan General de Ordenación Urbana, similar a la de los rascacielos de la antigua Ciudad del Real Madrid.

Pero aún tiene la llave para aprobar el plan específico para la zona. En julio de 2006, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, anunció el desbloqueo de la operación después de alcanzar un acuerdo con la operadora DUCH, encargada de explotar los terrenos, que incluía la construcción de 2.000 viviendas protegidas y que se desarrollaría en cinco años, 15 menos de los inicialmente previstos.