Los socios del tripartito auguran una negociación dura tras el acuerdo sobre Cercanías

"Ya tenemos el cuándo. Ahora hace falta especificar el cómo, y hay muchos deberes pendientes". Así ha valorado este mediodía la portavoz de ERC en el Parlamento catalán, Anna Simó, el acuerdo que habían alcanzado pocos minutos antes el presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, y el ministro de Fomento, José Blanco, para que la Generalitat asuma las competencias de Cercanías de Barcelona el próximo 1 de enero. "Es un acuerdo político", había dicho Montilla para justificar que el acuerdo no ha incluido la compensación económica que recibirá la Generalitat por hacerse cargo de esta competencia. Y Simó ha advertido: "El traspaso se ha de hacer en condiciones, y si no es así, habrá un problema". Expresaba así la actitud tibia, pero positiva al fin y al cabo, con la que los dos socios del PSC en el Gobierno tripartito han recibido el acuerdo.

Salvador Milà, representante de ICV, el otro socio en el tripartito, también ha advertido que "esto no es el final, sino el principio" de una negociación sobre el traspaso de cercanías que se presenta complicada y se ha de cerrar en seis meses. De ello se encargará una comisión mixta Estado-Generalitat. La buena financiación no son los únicos deberes que han puesto a esta comisión tanto la republicana Simó como el ecosocialista Milà: también han reclamado que el Gobierno central aumente su inversión para mejorar este servicio ferroviario de proximidad más allá de lo que prevé el Plan de Cercanías. Milà ha adelantado que el diputado ecosocialista en el Congreso, Joan Herrera, presentará una resolución en este sentido en el debate sobre el estado de la nación previsto para la próxima semana. Tanto ERC como ICV han invocado el Estatut de 2006 para exigir, además, que comience la negociación para que la Generalitat asuma las competencias de los trenes regionales de Cataluña.

Mientras Simó ha lamentado que Montilla y Blanco no abordasen en la reunión de hoy otros temas, sobre todo la desclasificación de los aeropuertos de Reus, Girona y Sabadell para poderlos traspasar a la Generalitat, y la entrada de la Generalitat en la gestión del de El Prat, Milà ha entendido que este tema no formaba parte del orden del día.

CiU y PP recuerdan que el traspaso llegará con dos años de retraso

Los grupos de la oposición, CiU y PP, han coincidido con estas reclamaciones concretas de los socios del PSC, pero no en la valoración positiva del acuerdo. "Esto no es más que un engaño aplazado, ha denunciado la portavoz popular Dolors Montserrat, que ha recordado que Zapatero se comprometió, en 2007, a que el traspaso de Cercanías se efectuase el uno de enero de 2008, es decir, dos años antes de cuando finalmente se hará realidad.

"Esto suena a broma", ha coincidido Oriol Pujol portavoz de CiU, que ha opinado que la Generalitat no será más que "un mero gestor" porque el traspaso "no será integral". CiU reclama que se traspasen también las infraestructuras, y no sólo el servicio, aunque el 140.6 del Estatuto acota las competencias de la Generalitat sobre infraestructuras de titularidad estatal a "la participación en la planificación y la gestión". A Pujol le ha acompañado Pere Macias, diputado convergente en el Congreso de los Diputados, que ha añadido que también su grupo presentará iniciativas sobre infraestructuras en el debate de política general.