El PP rechaza por cuestiones técnicas que se generalice el catalán en las instituciones

"Soñamos con que en las comunidades bilingües, cuando un ciudadano habla en una lengua, le contesten en esa misma lengua". El propósito, formulado este martes por la tarde por el senador socialista Nacho Pérez Sáenz, ha venido a resumir un debate sobre el uso de las lenguas oficiales que ha derivado en una reflexión general del encaje de las comunidades autónomas bilingües en España. Se votaba una moción (propuesta al Gobierno) del grupo del tripartito catalán cuyo principal punto pedía generalizar el uso del catalán, euskera y gallego en la Administración General del Estado en su relación con los ciudadanos que utilicen esas lenguas. Sólo el PP se ha opuesto.

El PP no quería oponerse, ha explicado el senador valenciano Pedro Agramunt. Pero no ha tenido más remedio porque la moción no mencionaba expresamente el valenciano y además no le convence que se obligue a todos los funcionarios (ha citado a policías y guardias civiles) a aprender estas lenguas allí donde son oficiales. Aparte, Agramunt se ha sentido "ofendido" porque el senador de ERC Miquel Bofill, autor de la moción, ha dicho "País Valencià" en su intervención, en vez de Comunidad Valenciana. Agramunt ha dado la medida de lo delicado que puede llegar a ser este asunto, en el que una palabra más alta que otra te puede costar una votación.

Aun así, todos los demás grupos han estado de acuerdo también en pedir la traducción de todas las webs de la administración a todos los idiomas oficiales. También se reclama en la moción, muy rebajada respecto a sus pretensiones iniciales, que se traduzcan todos los impresos y formularios oficiales y que se envíe anualmente a las Cámaras un informe sobre todas las reclamaciones de los ciudadanos en materia lingüística ante todos los ministerios.

"Quiero que los españoles bilingües se identifiquen con España, y lo harán mejor si las instituciones reconocen esas lenguas", ha continuado Pérez Sáenz. Han sido los grupos nacionalistas los que han situado el debate en ese nivel político, más allá de las lenguas. Jordí Vilajoana, de CiU, ha esgrimido la Constitución para reclamar la españolidad de la lengua catalana. Su protección "no es una responsabilidad de los gobiernos autonómicos", ha dicho, "el Estado tiene la misma responsabilidad". El mallorquín Pere Sampol ha asegurado que "no hay igualdad" para quienes son bilingües, y que esto es "el tema fundamental que impide la convivencia entre los territorios".

Aunque no estaba en el texto que se votaba, una idea ha planeado sobre todo el debate. En mayo de 2008 el Senado aprobó una moción para que se reformara el Reglamento de forma que se puedan utilizar todas las lenguas en el pleno. A los partidos nacionalistas les interesa especialmente la sesión de control al Gobierno, es decir, que los ministros se tengan que poner auriculares con traducción simultánea. No se han dado pasos al respecto. Por eso el PSOE propuso crear una ponencia (grupo de estudio) para estudiar las modificaciones reglamentarias necesarias.

Nunca se había oído tanto catalán en el pleno del Senado. Era el día para estirar la cortesía de la Presidencia, y todos los portavoces catalanoparlantes (ERC, CiU, Bloc per Mallorca) han aprovechado para disfrutarlo, incluso Agramunt ha hecho un intento de arrancarse en valenciano.