El Consejo de Garantías cuestiona la transición de provincias a veguerías
El dictamen considera que para implantar la nueva división territorial antes debe haber un cambio en la Ley que regula los límites provinciales
El Consell de Garanties Estatutaries, que se encarga de analizar la adecuación al Estatut y la Constitución de las leyes que debe votar el Parlament, opina que la ley de veguerías falla en la transición de la composición actual de las provincias a las veguerías. El dictamen, que no es vinculante, se ha presentado hoy y presenta como inconstitucional un solo apartado, el referido a la división de la provincia de Tarragona en dos. El documento recomienda al Gobierno catalán "posponer la constitución de los consejos de veguería hasta que Las Cortes modifiquen la correspondiente ley orgánica", para alterar los límites de las actuales provincias.
El documento que analiza la norma duda de la efectividad de los tramos en los que se divide la transición de provincia a veguería: en primer lugar, una división en la que las cuatro provincias actuales -Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona- pasasen a ser consejos de veguerías, pero con la Generalitat estructurada para atender un territorio partido en siete divisiones. El Consell de Garantías considera que esta solución no es "la más adecuada" para resolver la transición.
El problema con el que topa la Ley es el paso de la actual división a la creación de los consejos de veguería de las tierras del Ebro, el Alt Pirineu y la Cataluña Central, que para prosperar necesitan que las Cortes modifiquen antes diversos límites provinciales. El dictamen critica la "poca claridad" en la explicación de los cambios que debe haber en la ley.
Los diputados votarán la norma en el próximo pleno, previsto para el 14 y 15 de julio. Convergència i Unió, PP y Ciutadans han pedido al tripartito que retire la Ley de la votación. El portavoz de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, consideró que el dictamen del Consejo deja claro que la norma "es un churro". Pujol pidió el retraso porque "hay demasiadas evidencias de incorrecciones y defectos detectados y saben que la batalla jurídica está perdida". Dolors Montserrat, portavoz del PP, pidió el retraso para esperar a conocer el contenido íntegro de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto.
