El PP insta a Rubalcaba a dar una explicación "verosímil" sobre el 'caso Faisán'

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, considera que ya es hora de que el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dé una "explicación verosímil" sobre el supuesto chivatazo a la red de extorsión de ETA, conocido como caso Faisán, habida cuenta de que si no lo hace los ciudadanos se quedarán solo con la versión que la banda terrorista ha dado de un asunto "tan grave".

Desde el Gobierno ha respondido el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, quien ha recordado este lunes que "todo demócrata conoce la veracidad" de los documentos de ETA.

El Gobierno "ni quiere ni va a dar publicidad a la banda terrorista", ha manifestado, que ha insistido en que el Ejecutivo "ni comenta ni hace valoraciones" de los comunicados de ETA.

La dirigente popular se refería así, en declaraciones en el Congreso, a la información que publica este lunes el diario El Mundo y en la que, según las actas de una reunión entre ETA y los negociadores del Gobierno en junio de 2006, el rotativo defiende que el Ejecutivo explicó a ETA que "intentó parar" la redada contra el bar Faisán de Irún.

"Las actas de ETA dicen lo que dicen", ha sentenciado la portavoz del PP, quien ha hecho hincapié en que hasta ahora Rubalcaba "se ha negado reiteradamente" a ofrecer en el Congreso la versión gubernamental al respecto por lo que tiene "ahora la obligación legal y moral de dar una explicación que resulte creíble".

En la misma línea se ha pronunciado el viceconsejero de Comunicación del PP, Esteban González Pons, para quien la información significa que "Rubalcaba pudo haber colaborado políticamente con ETA y, lo que es peor, lo nombraron ministro para que lo hiciera". Por lo tanto, "debe poner su cargo a disposición del presidente esta misma mañana", ha concluido.

También muy similar ha sido la respuesta del responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, ha considerado también que el Gobierno debe aclarar de inmediato y "sin el menor resquicio de duda" si es verídico el documento publicado, quién era el mediador que hablaba en nombre del Ejecutivo y "dijo estas cosas" y si el Ejecutivo conocía y ordenó el chivatazo.