Tercera cacerolada multitudinaria en Barcelona

Más de 8.000 personas, según datos de la Guardia Urbana, han hecho oír en Barcelona su indignación con cacerolas, llaves, latas y cualquier otra cosa capaz de hacer ruido en la plaza de Catalunya. Según la Junta Electoral, era su última oportunidad de hacerlo. A partir de la medianoche de hoy están infringiendo la ley porque ha empezado la jornada de reflexión, en la que cualquier acto político está prohibido. Los Mossos d'Esquadra los podrían desalojar. Pero no ha sido así. Interior ha desoido la decisión de la Junta Electoral Central. Pero lo ha hecho cubriéndose las espaldas. El Departamento localizó a una persona que consideró miembro de la protesta, le comunicó oficialmente el acuerdo de la misma y ha tomó nota de ello.

Los acampados se han quedado una noche más en la plaza de Catalunya con la condición de que no ocasionen disturbios.

Pertrechados con cacerolas y otros utensilios de cocina así como latas vacías llenas de piedras para usar a modo de maracas, los indignados (entre los que se encontraban niños y jubilados,hombres encorbatados y otros con rastas) empezaron a llegar en masa a la céntrica plazaa las 20.30 dispuestos a hacerse oir una noche más. Muchos, además, iban dispuestos a quedrase a dormir cargando con sacos de dormir bajo el brazo.

La jornada había empezado de la peor forma posible, con el anuncio de la Junta Electoral de Barcelona de prohibir, por tres votos frente a dos, la acampada en la plaza de Catalunya. Respondía así a la consulta realizada por la vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, sobre "el posible contenido electoral" de la protesta.

La Junta de Barcelona se limitó a "hacer suyo el acuerdo de la Junta Electoral Central", en el sentido de considerar que las protestas "son contrarias a la legislación electoral" desde la pasada medianoche hasta las 24.00 horas de mañana. "Y en consecuencia, no podrán celebrarse".

De esa manera, la Junta Electoral de Barcelona pasaba la decisiñon de entrar en acción para hacer cumplir la prohición al Gobierno catalán. Su portavoz, Francesc Homs, anunció pasadas las 13.00 horas que se velaría en todo momento por el "cumplimiento de la normativa", por el "mantenimiento del orden público" y por "el normal desarrollo de la jornada electoral" como diría el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

"Cumpliremos la ley pero no desafiaremos el sentido común", ha dicho Homs dando a entender que por ahora los Mossos d'Esquadra no van a desalojar a nadie. "La ciudadanía no entendería la inflexibilidad y que no se apelara al sentido común", ha insistido para justificar esta posición. También ha añadido que "el uso de la fuerza es siempre la última opción".

La decisión de Interior de no ordenar el desalojo tiene cierto agarradero legal en el voto particular de dos de los cinco vocales de la Junta Electoral Provincial de Barcelona. Montserrat Comas, magistrada de la Audiencia de Barcelona, y la vocal no judicial Marina Gallés consideran que el derecho constitucional de reunión solo puede limitarse por causas legales que no se dan en este caso.

Las dos vocales discrepan abiertamente de la Junta Electoral Central y recuerdan que los concentrados en la plaza de Catalunya ni pretenden captar el voto ni quieren "incidir de forma partidista en la jornada de reflexión y el día de la votación". También recuerdan la sentencia del Tribunal Constitucional de autorizar reuniones y manifestaciones el día de reflexión si no se reclama el voto. Por eso, las dos vocales discrepantes insisten en que "no hay razones fundadas que justifiquen que la concentración convocada pudiera incidir o perturbar la neutralidad política... y por ello prevalece el derecho constitucional de reunión".

Al mediodía, el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha comparecido ante la prensa para asegurar que el Ejecutivo catalán velará en todo momento "por el cumplimiento de la normativa", por el "mantenimiento del orden público" y por el "normal desarrollo de la jornada electoral".

"Cumpliremos la ley pero no desafiaremos el sentido común", ha dicho Homs dando a entender que por ahora los Mossos d'Esquadra no van a desalojar a nadie. "La ciudadanía no entendería la inflexibilidad y que no se apelara al sentido común", ha insistido para justificar esta posición. También ha añadido que "el uso de la fuerza es siempre la última opción".

El Gobierno catalán entiende que los convocantes de 15-M no tienen un responsable jurídico ni físico, por lo que, al tratarse de "una masa", no se le puede comunicar la decisión de la Junta Electoral. Esto imposibilita, por lo tanto, una posterior operación policial. Con todo, fuentes del Ejecutivo catalán han asegurado que los Mossos intervendrán si se producen incidentes de importancia. La Generalitat, el Ministerio de Interior y el Ayuntamiento de Barcelona están en contacto para tomar las decisiones oportunas, han insistido estas fuentes.