Hacienda investiga cuentas en España y una casa en Londres relacionadas con Juan Carlos I

La Agencia Tributaria investiga la cuenta en una entidad española en la que Juan Carlos I cobraba cada año la asignación de 198.845 euros que recibía como miembro de la Familia Real desde su abdicación en junio de 2014, según señalan dos fuentes cercanas a la investigación por presunto delito fiscal que dirige la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Desde que Hacienda decidió la apertura de una inspección al rey emérito, sus inspectores examinan algunas entradas en metálico a esta cuenta cuyo origen consideran que no está suficientemente acreditado y han requerido información a las personas de su séquito que hicieron los ingresos. Se examinan todos los pagos, incluidos los gastos en tiendas y restaurantes, y los abonos con tarjetas de crédito.

Correos de 2015 de Corinna Larsen en los que esta se queja sobre la gestión de una casa en el céntrico barrio londinense de Belgravia, regalada supuestamente por el sultán de Omán a Juan Carlos I, han atraído la atención de los investigadores. “Si quieres ser mediador, solucionador de problemas, tu dilema será conciliar mi posición de hacer las cosas lícitamente con la posición de amigos que implica esencialmente violar la nueva ley de Felipe [Felipe VI] sobre obsequios, vuelos gratis y todo lo que pueda traer a la institución un descrédito mientras potencialmente viola las leyes de anticorrupción y blanqueo del Reino Unido”, le dice la consultora alemana, el 25 de marzo, a Dante Canónica, el director de la fundación Lucum tras la que se ocultaba la cuenta suiza del rey emérito.

“Si Omán deja de pagar las facturas (y se cansa como todo el mundo) esto se va a poner mal y no voy a asumir la culpa. He hecho todo lo posible para asegurar al amigo [Juan Carlos I] un agradable lugar para el futuro. Dañar a quienes más te ayudan no es realmente una estrategia inteligente”, advierte a Canónica, su abogado y asesor en sociedades instrumentales. En aquel momento, las disputas entre el rey emérito y su examiga ya habían estallado.

Las obras de esta casa londinense terminaron en agosto de 2015 y el apartamento se vendió finalmente por unos 50 millones a un joven árabe. Juan Carlos I no la llegó a ocupar, pero se investiga si recibió alguna cantidad por su venta. Supuestamente, el rey emérito pretendió tener esta vivienda a su nombre.

Tras conocer que estaba siendo investigado, Juan Carlos I ha presentado dos regularizaciones voluntarias ante la Agencia Tributaria. En la primera abonó al fisco 678.393 euros por los pagos del empresario mexicano Allen Sangines-Krause durante los ejercicios 2016-2019. En la segunda pagó 4,4 millones por los centenares de vuelos privados que le sufragó la fundación Zagatka de Álvaro de Orleans. Un pago en especie obligado a tributar el IRPF. Juan Carlos I sufragó esta regularización con donaciones de empresarios amigos a los que Hacienda ha solicitado requerimientos para que las acrediten.

Es en esta segunda regularización donde los fiscales han demandado más información al comprobar que de las cuentas de Zagatka salieron pagos relevantes en metálico. El fiscal suizo ha remitido a sus colegas españoles los movimientos de la cuenta de esta fundación de Liechtenstein, desde 2016 a 2019, en los bancos Credit Suisse y Lombard Odier. Orleans fue interrogado por los fiscales Campos y Luzón. Según su versión, esas salidas fueron para su uso personal. Los fiscales indagan si fueron para el rey emérito y no han sido declaradas.

Entre los pagos que se hicieron desde Zagatka figuran tres abonos en 2008, por unos 95.000 euros, a una cuenta de la sociedad panameña Lactura SA que, aunque estarían prescritos, se investigan para conocer quien se oculta tras esta entidad. Otro de los pagos fue a la cuenta en Andbank en Andorra de otra sociedad panameña, Stream SA, de Josep Cusí, el empresario amigo del rey emérito que en 2004 pagó 221.000 euros del viaje de novios de Felipe VI y Leticia. Orleans afirma que este pago fue para financiar un premio de vela del armador catalán.

Una tercera investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo se centra en un trust (unión de sociedades para dominar el mercado imponiendo precios y condiciones de venta) que movió 10 millones en la isla de Jersey descubierto por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales. El entorno del rey emérito niega relación con estos depósitos.