El PP propone retrasar la expulsión de mujeres inmigrantes que den a su hijo en adopción
Los populares lo plantean como una medida de "apoyo a la maternidad" y aseguran que el periodo de protección solo sería durante el embarazo
El PP ha incluido en su propuesta de ley de apoyo a la maternidad que las inmigrantes sin papeles embarazadas que decidan dar a su hijo en adopción no sean expulsadas del país durante el periodo de gestación. Los populares ligan maternidad, aborto, inmigración y recursos económicos en un polémico proyecto e insisten en que la adopción no supondría “ningún blindaje” para la mujer inmigrante en situación irregular, que sería expulsada, si cayera en una redada, tras dar a luz.
El presidente del PP, Pablo Casado, ha manifestado en varias ocasiones en los últimos días que preferiría volver a la ley del aborto de 1985 —la de supuestos—, en lugar de la vigente, aprobada en 2010, de plazos. Sus declaraciones sobre este asunto y el hecho de que haya vinculado las interrupciones voluntarias del embarazo con la sostenibilidad de las pensiones, han desatado fuertes críticas, también dentro de su propio partido, entre quienes consideran que se trata de “un debate superado”. La cúpula del PP, no obstante, entiende que un alto porcentaje de abortos se produce por motivos económicos —“en el tercer hijo”, decía, de forma errónea, el vicesecretario de organización, Javier Maroto—, y entre “mujeres inmigrantes sin medios”. Por eso, tras desistir en su intento de volver a la ley de 1985, Casado ha vinculado la inmigración irregular, abortos, adopciones y medios económicos en una misma propuesta: su proyecto de ley de apoyo a la maternidad.
Según esa propuesta —que Casado no pronunció en voz alta al presentar el proyecto de ley, el pasado domingo—, las mujeres inmigrantes embarazadas y en situación irregular que quisieran dar a su hijo en adopción no serían expulsadas durante el tiempo de gestación. Después, si cayeran en una redada por ejemplo y fuesen ciudadanas de los países con los que el Gobierno mantiene acuerdos de repatriación, serían devueltas. Dar a su hijo en adopción, insisten fuentes del PP, no supondría un “blindaje” que les evitara la repatriación. “Lo que sería una barbaridad”, señalan fuentes del partido, sería “utilizar los datos que hay que facilitar en un proceso de entrega en adopción como excusa para tramitar el expediente de expulsión de esa mujer. Eso es lo que queremos evitar por razones humanitarias y por la protección del menor y de la madre”.
Este sistema, añade el PP, ya funciona en la Comunidad de Madrid, donde gobiernan, a través de un “protocolo contra el abandono de bebés”. El partido tampoco tiene redactado un texto completo de este proyecto de ley de apoyo a la maternidad.
En realidad, la ley de extranjería ya protege a las mujeres embarazadas sin papeles, vayan o no a dar a su hijo en adopción. El artículo 57 de la ley establece que la expulsión no podrá ser ejecutada cuando "afecte a embarazadas, cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o la salud de la madre". Marcelo Belgrano, experto en extranjería, explica que la propuesta del PP se basa en dos premisas falsas. "En España no se expulsa a mujeres embarazadas y no existe tampoco ese intercambio de datos por el que una mujer que inicia el proceso para dar a su hijo en adopción tenga que temer que la expulsen al dar su nombre". Esa era, precisamente, una de las peticiones de Vox que fue rechazada durante la negociación del acuerdo de investidura en Andalucía con el PP: que hubiese un intercambio de información entre las distintas áreas de la Administración (por ejemplo Sanidad) y la policía para proceder a la expulsión de los inmigrantes sin documentación.
Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, considera la propuesta “un abuso”, informa Pilar Álvarez. “Se prevale de la pobreza de las mujeres para hacerlo colar con una medida de protección a la maternidad. Proteger la maternidad es proteger a las mujeres que son madres”, añade.
Vladimir Núñez, abogado especializado en extranjería, asegura que la propuesta de Casado entraría en conflicto con el artículo 13 de la Constitución española, que garantiza todas las libertades públicas de los extranjeros en España; el artículo 14, que establece el principio de igualdad ante la ley sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión y el artículo 18, que establece el derecho a la intimidad personal y familiar, informa María Martín.
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