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Reportaje:

Fallas sí, abusos no

El conflicto por la instalación abusiva de la iluminación fallera en la calle de Sueca reabre el debate sobre el uso de la fiesta

Apuestan por la seguridad y contra los abusos. Los vecinos de Russafa no quieren ser calificados como antifalleros, folloneros o aguafiestas. Consideran que las incomodidades sufridas anualmente durante los meses de febrero y marzo suponen un abuso. La instalación de la iluminación, los cortes de las calles, la seguridad o el ruido, son aspectos regulados por el libre albedrío de las comisiones falleras que, en muchas ocasiones, se exceden. El Ayuntamiento niega el conflicto y asegura que en las reuniones con los vecinos ya han atendido las quejas. Sin embargo, un pequeño conflicto entre un portal y una comisión fallera ha desatado un torrente de quejas y ha abierto el debate sobre si es necesario poner coto a la fiesta.

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Las voces pidiendo límites a los abusos sólo se oyen en Russafa. Este multicultural barrio aglomera 23 monumentos falleros en una superficie relativamente pequeña. Los vecinos de este barrio tocan a un monumento por cada 1.000 habitantes (En Russafa viven 25.600 personas). Cada comisión conlleva su iluminación, chiringuitos, carpas, música y, por supuesto, gente. Muchos de los miembros que participan y organizan las verbenas no viven en la zona. Es un dato que molesta especialmente a los vecinos. Las aglomeraciones, durante los días importantes de la celebración, obligan a dedicar varias horas para poder atravesar apenas dos edificios. Las luces han crecido tanto en los últimos años, que la iluminación de las diferentes fallas se suceden calle a calle.

En el centro de la polémica, la competición. Los miembros de la falla de Sueca-Literato Azorín no han cedido ni un ápice en su empeño de poner las luces. Temen que la multimillonaria falla de Nou Campanar les arrebate el gustazo de ser los mejores. No lo ven así los vecinos. "El monumento, la música y los petardos. Pero esto de la iluminación no es siquiera tradicional", señala un camarero.

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"Yo me largaré". El éxodo de los vecinos durante los días colindantes a la festividad de San José es ya una tradición creciente. Los habitantes de las calles de Sueca, Literato Azorín, Cádiz, Puerto Rico o Buenos Aires no quieren asumir que durante un mes no podrán aparcar en sus plazas de garaje, que las normas de tráfico se suspenderán y que su casa estará sobre la pista de baile de una discoteca, luces incluidas, en forma de carpa. "Pagaba 50 euros por una plaza de aparcamiento en la calle de Buenos Aires. Después de tener que pelearme año tras año por entrar, he decidido alquilar una más alejada. Encima pagó 30 euros más", explica un vecino.

La decisión de un barrio de Tenerife de llevar a los tribunales el ruido provocado por los carnavales canarios, ha despertado el miedo a una denuncia entre los responsables municipales. La tensión entre unos vecinos de la calle de Sueca y una comisión fallera, por la instalación de 750.000 bombillas agarradas a un andamio, ha sobrepasado los límites de tensión de años anteriores.

Los vecinos están convocados el próximo 9 de marzo en la sede de la plataforma Salvem Russafa, en la calle DÉnia, para decidir si toman medidas legales. Es una decisión que tomaron el pasado viernes, cuando cerca de 50 habitantes de la calle de Sueca protestaron con una cacerolada contra los abusos. Bajo los inmensos arcos que la empresa de iluminación terminaba de colocar las protestas se sucedían. "El año pasado tardé tres cuartos de hora para recorrer 10 metros", explica Amparo, una joven vecina. "Cuando llevas varios años viviendo en el barrio te das cuenta de que esto es invivible", añade.

Un poco de mano izquierda de los vecinos, mezclado con una modificación de la licencia de obra municipal por parte del consistorio y el gasto de la retirada de la obra a cargo de los falleros han servido para el acuerdo puntual del andamio. Después de una semana de litigios y reuniones la solución ha supuesto un pequeño alivio para el concejal de Fiestas, Félix Crespo. Sin embargo, los vecinos están en pie de guerra. "El seguro de la falla nunca cubre los desperfectos de las fachadas", reclama Andreu Toborra. Lleva "toda la vida viviendo en el barrio" y cree que es el primer año que la gente se ha atrevido a salir a la calle.

El equipo de la alcaldesa Rita Barberá ha intentado capitalizar la defensa de las Fallas. Para los socialistas, forma parte de su plan de captación de votos que tradicionalmente ha tenido Unión Valenciana entre las comisiones falleras. Para Esquerra Unida, simplemente se trata de la politización de los problemas causados por los abusos.

"Todos los años se repite la riada humana pero un día va a pasar algo", augura un comerciante de la zona mientras recuerda junto a unos clientes algunos momentos delicados sobre la seguridad en los últimos años. Describen los problemas de evacuación que tuvo un enfermo hace unos años y el caso concreto de una mujer minusválida que tiene dos opciones durante las fiestas: o se va o no sale de casa en cuatro días.

Los que no participan en el debate, ni en las protestas son los numerosos inmigrantes que habitan el barrio (5.000 extranjeros). Los comerciantes de las pequeñas tiendas de alimentación no encuentran tantos problemas en la celebración de las fiestas. "Esto se llena de gente. Es brutal", describe admirado un comerciante en un castellano casi imposible de entender.

A pesar de los problemas denunciados repetidamente por la vecindad, el concejal dice estar "sorprendido" ante las dudas de seguridad. "Siempre se deja un espacio de evacuación y un acceso por el que se pueda llegar a cualquier punto de la calle", afirma. Los afectados no son tan optimistas. En menos de trescientos metros se juntan tres monumentos falleros. Cada uno con su respectivo río humano. "Que me expliquen cómo puede entrar una ambulancia", describe molesto Tobarra.

El Ayuntamiento aboga por la excepcionalidad de las fiestas para "blindar" las Fallas. Los vecinos no saben de qué las protege. Ellos sólo quieren una opción: poder disfrutarlas.

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