El Gobierno pide al Consell que anule el nuevo PGOU de Alicante

El Gobierno ha pedido al Consell que anule el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante porque lesiona el interés general en el proyecto para la ampliación del polígono industrial de Las Atalayas, en el extrarradio de la ciudad. La sociedad pública de promoción de suelo, Sepes, dependiente del Ministerio de Fomento, ha presentado a la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo un duro documento de alegaciones contra la aprobación provisional del planeamiento. En síntesis, la empresa pública considera que el nuevo PGOU no permite crecer al polígono industrial, porque su suelo no ha sido declarado urbanizable ni los terrenos aledaños han sido incluidos en la nueva zona de parques naturales.

Sepes señala que el plan frustra el desarrollo industrial de la ciudad

Sepes asegura que el plan infringe la ley urbanística estatal y autonómica

El escrito de alegaciones del Sepes acusa al Ayuntamiento, presidido por Sonia Castedo, del PP, de incumplir los pactos entre la entidad y el Consistorio previos a la aprobación provisional del PGOU, el 17 de abril de 2009. "Para sorpresa de esta entidad pública, no se contemplaban [en el nuevo PGOU] muchas de las cuestiones que habían sido planteadas y consensuadas en las citadas reuniones", dice el documento. "Al contrario, se producen importantes lesiones a los intereses públicos", añade.

La entidad Sepes es, en la actualidad, la titular de los terrenos del polígono de Las Atalayas, con una superficie aún por desarrollar urbanísticamente de 193 hectáreas. El organismo mantiene que "buena parte de esos terrenos" eran urbanizables antes de la revisión del PGOU. "Y, sin embargo, han quedado, injustificadamente, excluidos de los futuros desarrollos urbanísticos de la ciudad, produciendo un innegable perjuicio para el desarrollo industrial, económico y social de la ciudad de Alicante y de la Comunidad Valenciana". La sociedad pública también mantiene que sus terrenos en las sierras de Sancho y Borgoño han sido "arbitrariamente" excluidos de la consideración de parques naturales. Esta calificación hubiera permitido a la entidad transferir sus aprovechamientos urbanísticos a otras zona urbanizables de la ciudad.

El Sepes asegura que presentó alegaciones a esa aprobación provisional del PGOU, que el Ayuntamiento no atendió en la segunda validación al documento, en mayo de 2010. En ambas ocasiones, el PP se quedó solo en la aprobación. El PSPV votó en contra.

El desacuerdo de la sociedad estatal Sepes con la actuación del Ayuntamiento de Alicante en la redacción del nuevo planeamiento urbano es tan frontal que en el escrito que envía a la consejería que dirige Juan Cotino asegura también tener constancia "de que son múltiples los intereses particulares lesionados en las decisiones adoptadas con la aprobación provisional del citado plan". Sepes agrega en sus alegaciones que estos particulares han presentado numerosas reclamaciones, síntoma inequívoco, en opinión de la empresa pública de promoción, de las "múltiples carencias técnicas y jurídicas" del texto propuesto por el Ayuntamiento de Alicante.

Sepes incide en que debido a las "múltiples infracciones del ordenamiento jurídico estatal y autonómico de la aprobación provisional de la revisión del PGOU de Alicante", la Generalitat debe anular el acuerdo del pleno o devolver el expediente al Ayuntamiento obligándole a introducir las correcciones expuestas en el escrito.

En sus alegaciones, el Sepes menciona otras consideraciones sobre el planeamiento respecto a la ampliación de Las Atalayas, denominado en el PGOU como UZO-10. Una de las críticas es la inconcreción sobre quién tiene que ejecutar la red viaria del sector y la conexión e integración con el resto de la zona. El Sepes considera que, de ser asumidas las cargas por ella, pondría en peligro la viabilidad económica del proyecto de ampliación. Según un cálculo de la empresa pública, el coste de las obras de urbanización y conexiones con los principales viales del área (A-31 y A-7) ascenderían a 16 millones de euros. Cifra que se elevaría hasta los 18,5 millones si también tuviera que ejecutar los viales de conexión con el citado polígono.

Por otro lado, las reclamaciones privadas que menciona Sepes se refieren a las denuncias que algunos propietarios de terrenos en el extrarradio de Alicante han presentado ante el propio Consistorio al comprobar cómo éste desprotegió su suelo tras negarse ellos a vender a un particular. En el primer avance del futuro planeamiento se calificaba como paraje natural una zona que incluía alrededor de 700.000 metros cuadrados que cinco propietarios, los denunciantes, poseían en la partida de Bacarot, en las inmediaciones del polígono Las Atalayas y Pla de La Vallonga. Los dueños aseguran que en el verano de 2008 representantes de la empresa Mallaeta Urbana se pusieron en contacto con ellos con la intención de comprarles el citado suelo. Solo un propietario accedió a vender. La operación no cuajó y al mes de frustrarse el Ayuntamiento eliminó del PGOU esa zona como parque natural y le devolvió la consideración de suelo rústico. En su lugar, se incluyó como zona protegida el vecino paraje de la sierra de Fontcalent. Los propietarios alegaron exigiendo una explicación por el cambio, aunque no recibieron respuesta.