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Aniversario del accidente

"Seguiremos hasta que se nos dé una explicación. La necesitamos"

Dos años después del accidente, los afectados mantienen su movilización

Ignacio Zafra

Seis camisetas pueden dar miedo. O preocupar lo bastante como para ordenar a la policía municipal que se incaute de ellas. Eso fue lo que ocurrió el viernes, a la puerta del Ayuntamiento de Valencia, cuando seis representantes de la Asociación Víctimas del Metro 3 de Julio fueron obligadas a entregar las prendas que llevaban puestas (o en la mochila), porque la alcaldía, del PP, consideró inapropiado que las exhibieran en el pleno donde, casi dos años después del peor siniestro de la historia del suburbano español, iban a intervenir, invitados por el Grupo Socialista.

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"Nos preguntaron si llevábamos pancartas y contestamos que no. Pero luego, al registrar una bolsa, vieron las camisetas y nos dijeron: 'esto no puede entrar porque lleva consignas', o declaraciones, no me acuerdo de la frase exactamente", explica Enric Chulio, presidente de la asociación. Su estupor aumentó al llegar al salón de plenos y ver que de todas las tribunas, incluida aquella desde la que tenían que hablar, colgaban pancartas en las que se leía: Zapatero miente. Rita siempre por Valencia. Valencia avanza con Rita. Pinedo no quiere morir, todos estamos con Rita... Una atmósfera que recordaba a un circo de la época romana.

"Lo que no entiendo es, si se pueden poner pancartas, por qué nosotros no podemos entrar con camisetas. Si tampoco son agresivas, no estamos atacando a nadie", comenta Chulio. Las camisetas decían: 43 muertos + 47 heridos = 0 responsables. En su discurso, el presidente de la asociación fue fiel a su estilo: subrayó su independencia, atribuyó el accidente al mal funcionamiento del servicio público; criticó la falta de inversiones en la línea 1 y pidió que se tomasen las medidas necesarias para que algo parecido no pudiera volver a ocurrir. Una intervención lo suficientemente equilibrada como para que Alfonso Grau, concejal del PP, le agradeciese sus palabras.

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A pesar de ello, el incidente de las camisetas revela el grado de incomodidad que las víctimas de la tragedia de aquella mañana de verano (que se concentran, a las siete de la tarde, los días 3 de cada mes en la plaza de la Virgen), siguen provocando en los Gobiernos local y autonómico. Un malestar más comprensible durante los meses que siguieron al accidente: una época de alta crispación política, en la que existía la incógnita de cómo podía influir el siniestro (y su contexto: antecedentes, falta de balizas que hubiesen frenado el tren, estado precario de la línea 1) en las elecciones.

Una vez celebradas y revalidadas las mayorías absolutas (alcanzada la victoria incluso en Torrent, histórico feudo socialista y hogar de muchos de los fallecidos), esa incomodidad (traducida en la ausencia total de informaciones en la televisión pública valenciana; en la negativa, de otro lado ya no querida por la otra parte, del presidente de la Generalitat a recibir a las víctimas en público; en la resistencia a relevar siquiera a uno de los responsables técnicos o políticos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana; en el silencio que ha guardado el Consell ante el documento que la asociación le remitió hace meses; en la misma incautación de las camisetas...) se presta a otra clase de interpretaciones.

"Por la forma en que actúan debe ser que tienen miedo a que se les haga un daño muy grande. Un daño moral, pero muy grande", afirma Maribel Sáez, 45 años, ama de casa, y madre de uno de los heridos. Un chaval que cuando el convoy que conducía Joaquín Pardo descarriló, tenía 18 años y que, dice Sáez, todavía no ha vuelto a ser el mismo. "Físicamente sí, pero psicológicamente creo que no está recuperado. Del miedo, de lo que vio, de lo que sufrió, de toda la experiencia. Yo creo que todo eso se le quedó dentro. Recuerda mucho los olores".

Una incomodidad que no se limita a los actores políticos. Hace un mes, los miembros de la asociación empezaron a preparar los actos del segundo aniversario del siniestro (que se cumple el jueves) y solicitaron la celebración de una misa en la catedral de Valencia. Supusieron (ya que el año pasado declinó hacerlo) que no la oficiaría el arzobispo Agustín García-Gasco. Lo que no imaginaban era la segunda parte de la historia: "Nos comunicaron que nos atendería el deán y en el mismo correo nos informaban de que el arzobispo oficiaría una misa en Torrent. Nos dejó de piedra. Nosotros vamos a la catedral, que está a tres pasos del Palacio Arzobispal, y el arzobispo se va a Torrent casi a la misma hora", dice Chulio.

"Con lo cual", sigue, "pensamos que es una maniobra muy fea, suponemos que directamente del arzobispo, con la complicidad del Ayuntamiento de Torrent. Varias familias católicas se han sentido ofendidas. Y nos ha dejado de piedra, pero pensamos que a quien define estos gestos es a quien los hace".

Han pasado 24 meses desde el accidente. El caso ha ido apagándose en sede judicial. La asociación, desde que empezó a hacerlo en noviembre de 2006 ha realizado 19 concentraciones silenciosas para recordar a las víctimas. Su número apenas ha cambiado: unas 200 personas, que pueden decaer algo si el día 3 cae en medio de un puente. La reacción de los ciudadanos al pasar a su lado ha cambiado mucho: "Pasotismo y poca cosa más. A lo mejor alguien manifiesta su opinión en un sentido o en otro. Pero en general, un olvido absoluto", afirma Chulio.

¿Por qué siguen convocándolas entonces? "Seguiremos haciéndolo mientras no se nos dé una explicación, porque la necesitamos. Lo mismo nosotros que cualquier usuario y cualquier valenciano. No se puede dejar pasar sin más un accidente tan grave", contesta Pedro Edo, de 59 años, ex contable prejubilado, que perdió a su hija. A su lado, Maribel Sáez tercia: "Han pedido, desde el Gobierno valenciano, dimisiones al Gobierno central por otras cosas. Y al Gobierno de Cataluña, por los socavones. Por cuatro agujeros. Y está claro, eso hay que arreglarlo y ahí ha habido responsables, pero, ¿aquí dónde están?". "Y allí no ha habido muertos, y aquí, sí. Y no pasa nada. La directora de Ferrocarrils sigue en su puesto, el señor Antón, le han dado una consejería con más competencias...". añade.

El ex contable retirado por una discapacidad, cuyo rostro muestra más edad de la que tiene y, en cambio, a pesar de alguna de sus frases, ni una pizca de ira, dice: "Yo perdí a mi hija de 26 años, que tenía todo el porvenir por delante. La perdí y estoy hundido. Estás todo el día en casa, tratas de inventarte algo, de hacer cosas que ya están rehechas cuatro veces, con tal de no acordarte. Porque el agujero ahora es mayor que los tres o cuatro meses después del accidente. Entonces estabas medio ofuscado. Ahora es cuando más la echas en falta, te vuelves loco. Estás en casa y a veces llamas a la mujer: 'nena, mira a ver la chiquilla...'".

"No somos las madres de la Plaza de la Mayo", añade Chulio, "ni de lejos. Aquello son heroínas. Puede que el espíritu frente al olvido sea el mismo, pero no somos comparables".

Un camino judicial casi agotado

- Apertura del caso. El mismo 3 de julio de 2006, la juez Nieves Molina abre la investigación sobre el accidente, que costó la vida a 43 personas y en el que resultaron heridas otras 37.

- Archivo antes de las elecciones. La juez abrió y cerró el caso tres veces. El primer archivo tuvo lugar en marzo de 2007, poco antes de que se celebraran las elecciones municipales y autonómicas.

- Reapertura tras los comicios. Molina reabrió el caso en junio del mismo año, poco después de que el Partido Popular arrasara en las Cortes, y, entre otros, en los municipios de Valencia y Torrent, de donde eran muchas de las víctimas. El objetivo de la reapertura fue el de ampliar el informe pericial.

- Sin práctica de nuevas pruebas. El segundo archivo de la causa llegó en diciembre de 2007, sin que se llegaran a practicar nuevas pruebas.

- Reactivación y final. Entre enero y febrero de 2008 la juez volvió a abrir y cerrar el caso. En mayo, la Audiencia Provincial de Valencia le dio la razón.

- La vía del Constitucional: En junio, un grupo de víctimas anuncia que acudirá en amparo al Tribunal Constitucional.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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