La basura le estalla a Cotino
La tensión Castellón-Alicante destapa los fallos del plan del Consell
La Generalitat aprobó, hace nueve años, el plan integral de residuos para afrontar el tratamiento correcto de la basura urbana. Sin embargo, su cumplimiento dista mucho de lo que se podía esperar después de una década. La falta de infraestructuras supone un continuo enfrentamiento intermunicipal. La última polémica tiene su origen en el cierre del vertedero de Vilafranca, en Castellón. La veintena de municipios que hasta ahora llevaba allí su basura planteó la posibilidad de trasladarla a Alicante. La solución se ha convertido en un problema que le ha estallado en las manos al consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino. La dimensión de la onda ha crecido a raíz de la tajante afirmación de Cotino de que la basura de Castellón irá Alicante.
De las 17 plantas previstas por el Consell solo ocho están activas
La férrea oposición de Villena y Xixona, señalados como posibles receptores de los residuos de Castellón, ha dejado al aire las carencias del plan del Consell. "Cotino quiere solucionar en Alicante los debe de su gestión", señaló María Teresa Carbonell, concejal socialista de Xixona y diputada provincial.
El proyecto del Consell dividió la Comunidad Valenciana en 11 zonas, con sus respectivos planes. Para cada zona, determinó la creación de un consorcio que aglutinara a los ayuntamientos designados. Estos entes fueron los encargados de consensuar la ubicación de las plantas de tratamiento y de los vertederos. En total, se propuso la creación de 17 plantas (ya que hay zonas que por su población demográfica precisan de más de una planta) y otros tantos vertederos. A día de hoy, nueve años después de aprobar la normativa, la "diligencia" del Consell por solucionar el previsible problema ha supuesto que sólo estén en funcionamiento ocho de las 17 plantas previstas. En el caso de los vertederos, existen diez instalaciones activas, con lo que la ejecución dista mucho de la previsión que, aunque no marcaba plazos, debería ser ya una realidad.
El área de influencia de las plantas licitadas y gestionadas por los consorcios está geográficamente limitada y tanto éstas como sus vertederos no pueden acoger más basura que la de los ayuntamientos que forman parte del ente. Sin embargo, existen otras infraestructuras que dependen de la Generalitat, a través de Vaersa, o de las diputaciones y es a ellas a donde se pueden llevar los residuos de cualquier municipio. Sólo hace falta pagar por ello. Este es el caso de Villena.
El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista en las Cortes, Adolf Sanmartín, exigió ayer la "intervención enérgica" del Consell no sólo para reconocer la gravedad del tema sino para "llevar a término las acciones necesarias para resolver el colapso actual".
Mientras, el consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, después de alegar que la "Generalitat garantizará la llegada de las basuras solucionando cualquier problema" y encontrarse con la negativa de Xixona y Villena a que las plantas de sus municipios acojan más basura, optó ayer por callar. Algo parecido pretendió hacer Vicent Aparici, diputado provincial castellonense de Medio Ambiente. Aparici sostuvo que las gestiones y las negociaciones se realizan entre consorcios y se mostró partidario de ocultar el destino de las basuras para evitar conflictos entre municipios.
La Diputación de Alicante, presidida por José Joaquín Ripoll, también calló. "No hay nada que comentar porque no hay propuestas concretas", dijo un portavoz oficial de la institución.
El Ayuntamiento de Xixona, a través de la concejal Carbonell, insistió en sus críticas a Cotino por pretender llevar la basura al municipio sin acometer las mejoras en la planta. Pero los incumplimientos afectan a todo el plan zonal en la provincia, "y como ejemplo ahí está la planta comarcal de La Vega Baja, cuyas obras no han comenzado pese a ser adjudicada hace dos años".
La junta local de gobierno de Villena, que preside Celia Lledó, del PP, acordó ayer instar al Consorcio del plan zonal XIII a que asuma la gestión de la planta del municipio, controlada por Vaersa. En este municipio, el portavoz de la Plataforma en Defensa del Medio Ambiente, Fernando Úbeda, denunció que Vaersa ha realizado obras de ampliación en la planta, "sin autorización".
