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El alcalde de Ferrol aprueba la urbanización de una fraga que la Xunta tacha de ilegal

Vecinos y ecologistas denunciarán el proyecto, que se asienta en terrenos de un edil

A los centenarios robles de la fraga catalogada de Menáncara, en Ferrol, ya sólo pueden salvarlos los tribunales. El gobierno municipal, presidido por Juan Juncal, del PP, aprobó ayer en solitario el plan para urbanizar, con un hotel de lujo y 69 chalés adosados, parte de un bosque de gran valor ambiental. De nada valieron las aireadas protestas de vecinos y ecologistas, que acudirán a la Fiscalía, o las advertencias de la oposición local y de la Xunta contra un proyecto "que sigue sin cumplir con la ley", subrayó la conselleira de Política Territorial, María José Caride.

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También la Consellería de Medio Ambiente "actuará de oficio", anunció su titular, Manuel Vázquez, contra el proyecto si comprueba que no se rectifica "la grave afectación ambiental" que implica esta urbanización.

Ni siquiera hubo debate ayer en el pleno extraordinario en el que, entre otras propuestas, se aprobó el plan de sectorización que permitirá urbanizar la fraga de Menáncara. La sesión, en un salón repleto de funcionarios que protestaban por la privatización de servicios municipales, comenzó con una bronca por la decisión del alcalde de cerrar las puertas al público, "por falta de capacidad". Fuera se quedaron buena parte de vecinos y ecologistas contrarios a la edificación del singular espacio natural.

Los concejales de la oposición (BNG, PSdeG y Esquerda Unida) abandonaron entonces la sala en señal de protesta, lo que permitió al alcalde y su equipo de gobierno sacar adelante, en apenas 10 minutos, todos los asuntos previstos, incluido este polémico proyecto. El 75% de los terrenos en los que asentará el hotel y las viviendas proyectadas por una promotora de Santiago es propiedad del primer teniente de alcalde y portavoz de Independientes por Ferrol (IF), Juan Fernández, quien se ausentó durante la votación mientras un puñado de vecinos increpaban, a gritos, al regidor por su cerrazón en aprobar una urbanización que todos, afectados, Xunta y oposición, tachan de ilegal.

Juan Juncal, también presidente provincial del PP en A Coruña, hizo oídos sordos a todas las protestas. El gobierno municipal de Ferrol, por boca de su concejal Francisco Pita Romero, se aferró a dos argumentos para aprobar la urbanización de ese singular bosque: se recalificó como suelo rural urbanizable la fraga en 2000, siendo alcalde el nacionalista Xaime Bello, y se aplicó el principio de silencio administrativo positivo para aprobar el proyecto porque uno de los tres informes indispensables de la Xunta, todos ellos contrarios a la edificación, llegó fuera de plazo. Una justificación que, jurídicamente, hace aguas por todos los lados, clamó la oposición.

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Informes negativos

La ley urbanística, recordó Yolanda Díaz, establece que no se puede aplicar el principio de silencio administrativo si hay informes negativos. Sólo uno de los cuatro emitidos por las consellerías de Política Territorial y de Medio Ambiente llegó al Ayuntamiento fuera de plazo, pero todos son contrarios al proyecto de Menáncara. La futura urbanización carece incluso de la imprescindible declaración de impacto ambiental.

El conselleiro de Medio Ambiente fue tajante ayer: está aún en trámite administrativo la declaración ambiental y, de comprobarse que el Ayuntamiento no cumple "las sugerencias" de la Xunta para aminorar el impacto de su proyecto, "se actuará de oficio" para paralizarlo.

Vecinos afectados y ecologistas están seguros de que prosperará su demanda ante la Fiscalía, aunque temen que la lentitud de la Justicia impida una resolución a tiempo. La conselleira de Política Territorial, María José Caride, hizo un llamamiento público al alcalde de Ferrol "para que recapacite y piense en los intereses de todos los vecinos, y no en particulares". El segundo informe de su departamento que llegó fuera de plazo sólo reiteraba dificiencias e irregularidades ya advertidas en la primera resolución contraria al proyecto. Según Caride, "la urbanización de la fraga de Menáncara no responde lo que establece la ley".

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