El bipartito dejó vía libre para legalizar una piscifactoría con orden de derribo
La granja ocupará 57.000 metros tras empezar con una licencia ilegal para 2.000
Insuiña, SL, filial de Pescanova,podrá construir una piscifactoría de 57.000 metros cuadrados en Mougás, ayuntamiento de Oia, en suelo no urbanizable de protección de costas pese a las sentencias judiciales que desde hace tres años han insistido en anular la licencia municipal y ordenar la demolición de las instalaciones. En la Consellería de Política Territorial también están activos varios expedientes contra la granja piscícola, algunos abiertos cuando el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dirigía ese departamento. Ayer mismo, sin embargo, se recibió en esta consellería el expediente que no sólo legalizará lo construido, sino que autoriza duplicar las instalaciones.
En Política Territorial sigue vivo un expediente sancionador
El Diario Oficial de Galicia publicó el miércoles la declaración de impacto ambiental de la piscifactoría de Insuiña en Mougás, que se refiere paladinamente a que las actuales instalaciones ya ocupan una superficie de 12.300 metros cuadrados. La piscifactoría prevé una producción de 160 toneladas de rodaballo al año, y el placet de Medio Ambiente al proyecto ha confluido ya en la mesa del nuevo conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, con los de Patrimonio, Turismo y Urbanismo, que informó en materia de costas a la vista del Plan Galego de Acuicultura. Pero en este mismo departamento de Urbanismo obran otros expedientes que aún no han sido sustanciados.
En 1999 los titulares de un camping colindante a la piscifactoría denunciaron sus primeras irregularidades. Política Territorial, dirigida entonces por Xosé Cuiña, ya había denegado un año antes a Insuiña el proyecto de ampliar las instalaciones. La empresa había obtenido licencia municipal para edificar 2.000 metros cuadrados. En 2004 los inspectores de la consellería midieron hasta 7.000 metros en una ampliación "sin la preceptiva autorización autonómica", que la Xunta declaró "ilegalizables por incompatibles con el ordenamiento urbanístico".
En consecuencia, Política Territorial ordenó su demolición y prohibió los usos a que se estaban dedicando las instalaciones, "advirtiendo al interesado de que en caso de incumplimiento de la orden de demolición -que debería realizarse en dos meses- se procedería a su ejecución subsidiaria o forzosa".
El expediente de reposición de la legalidad urbanística se inició en febrero de 2005, ya con Núñez Feijóo dirigiendo Política Territorial. El asunto saltó a los tribunales, donde acabó por dirimirse el año pasado con dos sentencias firmes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que por una parte confirmó la orden de demolición y, por otra, en procedimiento aparte, anuló incluso la licencia municipal inicial para edificar 2.000 metros.
Entre las irregularidades manifiestas se constata que las edificaciones ocupaban más del 68% de la parcela en que se asientan, cuando legalmente no podían exceder del 20%, o que la edificabilidad era de 0,68 metros cuadrados por metro cuadrado de suelo, cuando el máximo autorizable era de 0,20 metros. La ocupación ni siquiera reunía el requisito de la superficie mínima de la parcela edificable, ya que las fincas que la formaban carecían de unidad. La granja, no obstante, ha seguido produciendo sin interrupción.
Con el Plan Galego de Acuicultura, como plan sectorial que es, el suelo de ésta y de las demás granjas que se instalen a su amparo, según han señalado fuentes diversas de la Xunta, pasa a ser enteramente público y la empresa, a explotarlo en régimen de concesión. Administrativamente, por tanto, la piscifactoría de Insuíña es legalizable y corresponderá a la nueva Xunta dar ese trámite.
Paralelamente, sin embargo, en Política Territorial siguen abiertos el expediente sancionador, con multas coercitivas de 1.000 a 10.000 euros mensuales desde 2005 -de las que Insuiña sólo ha recibido las correspondientes a dos meses, uno de 2006 y otro de 2007-, y el expediente de reposición de la legalidad urbanística, que si confirma la demolición, de nuevo correspondería al conselleiro ponderar su alcance a la vista del Plan de Acuicultura.
