La policía detecta "falta de control" del Xacobeo en el 'caso Retablo'

Después de desmenuzar los expedientes administrativos remitidos por la Xunta al juzgado número 3 de Santiago y de cruzar los datos con los pinchazos telefónicos practicados a los dos supuestos cabecillas de la trama Retablo, el grupo de Delincuencia Financiera y Fiscal del Cuerpo Nacional de Polícía concluye que hubo "cierta falta de control" en el desarrollo de las contrataciones efectuadas por la Sociedade de Xestión do Xacobeo para obras de restauración de arte sacro en las provincias de Pontevedra y Ourense.

El prolijo informe policial forma parte de los once tomos del sumario que investiga una trama generalizada de corrupción en la rehabilitación de iglesias y construcción de albergues con fondos de la Xunta que suma ya once imputados, entre ellos los dos presuntos líderes de la red, el ex restaurador de la Consellería de Cultura Carlos Gómez-Gil Aizpurúa, y el arquitecto de la Sociedade de Xestión do Xacobeo, José Manuel Pichel Pichel. El modo de operar de la red era siempre el mismo: Carlos Gómez-Gil o José Manuel Pichel pactaban de antemano las empresas que iban a realizar las intervenciones sobre el patrimonio eclesiástico y después daban apariencia de legalidad al proceso solicitando a las adjudicatarias otras dos ofertas para simular el concurso. "Se daba así apariencia de concurrencia a una adjudicación ya decidida", señala la policía.

El ex director de Patrimonio avaló proyectos cuando ya estaban adjudicados

El atestado de la unidad de delincuencia económica y fiscal pone de manifiesto graves carencias en la fiscalización de las contrataciones por parte de la Xunta, como lo demuestra el hecho de que en los expedientes administrativos falte documentación que es preceptiva como sellos y firmas oficiales, fechas que aparecen manipuladas a bolígrafo y algo que los investigadores consideran clave, "la documentación donde figure la constancia de la invitaciones a las empresas" para que opten a los concursos.

Las pruebas en poder del juez evidencian que la supuesta red operó con tres Gobiernos distintos, los que presidieron Fraga, Touriño y ahora Alberto Núñez Feijóo, entre 2004 y 2009, si bien a raíz de una investigación interna abierta por la consellería de Cultura de la nacionalista Ánxela Bugallo, durante el bipartito, en 2007, a sus protagonistas empezaron a acumulársele los problemas judiciales. El atestado policial alude a diez expedientes de obras de restauración tramitados por el Xacobeo que afectan a otras tantas iglesias y conventos de Pontevedra y Ourense.

La más beneficiada en estas adjudicaciones fue la firma CBC Márquez Vieira, que obtuvo siete de los diez contratos por los que cobró 285.640 euros al Xacobeo. La representante de esta sociedad es Olga Quintela López, también imputada en el caso, una vieja conocida del arquitecto de la sociedad del Xacobeo, José Manuel Pichel Pichel, tal y como se deduce de sus constantes conversaciones telefónicas interceptadas por la policía. CBC llegó a facturar 102.741 euros por dos adjudicaciones distintas para rehabilitar el altar mayor y los dos laterales de la iglesia de San Francisco de Tui. La empresa Alchimia recibió otros dos contratos por 57.442 euros y la firma Tomos, una adjudicación (41.702 euros).

En todas ellas ha hallado la polícía irregularidades que ni la Sociedade de Xestión do Xacobeo ni la Dirección Xeral de Patrimonio de la Consellería de Cultura, que debía autorizar las intervenciones al tratarse de rehabilitación de obras de valor artístico, lograron atajar hasta que intervino el juez.

De hecho, los agentes revelan que en cuatro de los diez expedientes la resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural -la misma que a la postre denunció el caso ante la fiscalía- es posterior al contrato de trabajo que el Xacobeo realizó a la empresa adjudicataria. En otros cuatro contratos, "no consta en la documentación [aportada por el Xacobeo] la resolución de Patrimonio" y en dos más la policía ha detectado que este organismo de la Xunta basó su autorización en el proyecto presentado por la empresa adjudicataria mientras el contrato de trabajo se realiza sobre otro proyecto distinto que elaboró el restaurador de la Xunta, Carlos Gómez-Gil, amigo personal de Pichel. El papel de Gómez-Gil en estas adjudicaciones del Xacobeo, donde no tenía jurisdicción, es otra de las irregularidades que pone de manifiesto la brigada de delitos económicos de la policía.