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Chamizo y el urbanismo "errático"

El Defensor del Pueblo Andaluz critica la "indeterminación jurídica" del POTA

Fernando J. Pérez

En su última memoria de gestión, correspondiente a 2007, el defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, huye de las frases atarantarse, lo que no implica que haya perdido capacidad de crítica. En 955 páginas, Chamizo ordena las 3.101 quejas que tramitó su departamento el año pasado de andaluces que consideraban maltratados sus derechos y libertades por los poderes públicos. Bajo una redacción de aparente neutralidad administrativa, Chamizo deja entrever numerosas opiniones críticas en diferentes campos.

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- Urbanismo. Chamizo denuncia las consecuencias que "está teniendo en nuestro territorio la errática política urbanística diseñada y aprobada por diversos municipios, cuyo planteamiento general ha recibido, con contadas excepciones, el beneplácito (...) de la Consejería de Obras Públicas y Transportes". El Defensor deplora que "una gran parte de la ciudadanía andaluza haya quedado excluida de una vivienda digna", y considera que "se ha apostado por un modelo no sostenible".

Sobre el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), Chamizo reclama que "se aplique de manera clara y objetiva para todos los municipios", y critica que para fijar las llamadas "áreas de oportunidad", el documento utiliza "la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados".

- Empleo público. El Defensor del Pueblo Andaluz tacha de "cíclicos" los retrasos en la aprobación de ofertas de empleo publico: "A veces se produce el solapamiento del proceso selectivo de una oferta de empleo anual con el del ejercicio siguiente"..

- Patrimonio histórico. El ombudsman critica "la falta de conciencia cultural" de la ciudadanía en general. "Cuesta entender que en Andalucía los procedimientos para la catalogación de un bien o para su declaración como bien de interés cultural sigan sufriendo dilaciones que a veces se prolongan durante años, mientras dichos bienes se deterioran".

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- Prisiones. Chamizo se extiende al tratar sobre los derechos de la población reclusa, que se ha triplicado en los últimos 20 años, lo que dificulta la reinserción. "Centros que se acaban de construir, diseñados para unos 1.000 internos, enseguida son ocupados por 1.500 y tiempo después acogen casi a 2.000. Todas sus amplias instalaciones sanitarias, laborales, terapéuticas, culturales o deportivas se resienten y se hacen más escasas cuando parecían el no va más", denuncia el Defensor.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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