La Fiscalía declara "sospechoso" a Del Ojo

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) considera al diputado nacional del Partido Popular, José Luis del Ojo, "sospechoso-imputado" de los delitos de prevaricación administrativa y fraude de subvenciones por su gestión como alcalde en funciones y concejal de Urbanismo en Ogíjares (Granada). El Ministerio Público define al diputado como "instigador y responsable material de las actuaciones" y estima que existen "abundantes indicios" de la comisión de "varios delitos", por lo que Del Ojo prestará declaración ante la Fiscalía del Tribunal Superior al ser aforado.

Un informe policial señaló la "manipulación en las facturas y certificados de obra"

Del Ojo encomendó verbalmente y fraccionó unas obras para evitar el concurso público

El PSOE exigió ayer la inmediata dimisión del diputado. "No puede estar ni un momento más como representante de los granadinos en el Parlamento nacional", denunció Juan Manuel Fernández, secretario de Organización del PSOE en Granada. La dirección del PP granadino no reaccionó ayer a las graves acusaciones formuladas por la Fiscalía, mientras que Del Ojo rehusó asimismo valorar su comprometida situación política. El contundente decreto declara a otras siete personas, entre ellas el ex alcalde del pequeño municipio (12.000 habitantes), Francisco Plata, como sospechosas de haber cometido diversos delitos. Asimismo, detalla las irregularidades cometidas por el diputado popular tras una denuncia inicial del PSOE y meses de investigación, en cuatro obras municipales que afectan a vías públicas, la Casa Ayuntamiento, la Casa de la Cultura, el pabellón deportivo y la piscina cubierta.

- Vías públicas y Ayuntamiento.Del Ojo "encomendó verbalmente" la ejecución de las vías públicas y la Casa Ayuntamiento a la empresa García Mejías S. L. "fraccionando" el importe en cantidades inferiores a 30.050 euros para evitar el concurso público "con la presunta finalidad de favorecer a dicha constructora", según el fiscal. El escrito define el fraccionamiento como "fraudulento", aclara que los trabajos se realizaron sin licencia de obras, y recuerda que la interventora advirtió en julio de 2006 de las irregularidades. En las vías públicas existe una "falta inicial de procedimiento administrativo, además del fraccionamiento posterior" de las obras, ambos actos ilícitos, según el fiscal. Las obras debían haber sido tramitadas a través del procedimiento correspondiente por su cuantía y no como obras menores, tal y como finalmente se produjo.

- Casa de la Cultura. En la reforma de la Casa de la Cultura se indica que se cometieron diversas "irregularidades" en el presupuesto de las obras para asegurarse de que éstas fueran adjudicadas a la empresa UCOP. Del Ojo adquirió un "compromiso verbal" con la empresa y al ser advertido, dijo que se las "arreglaría" para que un técnico le hiciese un informe favorable.

El primer concurso de las obras se adjudicó en 2002 a UCOP por valor de 1,06 millones; en abril de 2005 se le vuelve a adjudicar a dicha constructora por 606.000 euros, pero posteriormente la Junta de Gobierno Local distingue entre una "primera fase" y otra segunda por importe de 3,5 millones. "Esta situación, lejos de ser un error, fue un subterfugio para conseguir la situación de única licitadora", denuncia el decreto. Las irregularidades detectadas buscaban justificar el pago de 4,1 millones a UCOP, pese a existir finalmente ofertas más ventajosas.

- Pabellón deportivo.En las obras del pabellón municipal se cometieron supuestamente 21 irregularidades, entre las que destaca la elaboración de "un presupuesto real y otro ad hoc para obtener la subvención de la Junta de Andalucía". Del Ojo permitió un exceso en la contratación de forma verbal con la empresa García Mejías S. L. de 1,08 millones de euros. Una concejal declaró ante la Fiscalía que fue "presionada" para que diera el visto bueno al proyecto "legalizando el exceso, por lo que surgieron entonces las desavenencias".

- Piscina cubierta. El fiscal denuncia que en las obras de la piscina cubierta existen hasta tres presupuestos distintos y un anexo de ampliación. El primero de 1,7 millones, el segundo de 830.000 euros, y un tercero no visado de 2,5 millones, al cual se le dio "apariencia de legalidad ante el escándalo montado". El fraccionamiento del concurso "carece de motivación, es ilegal y tiene como presunta finalidad favorecer a una empresa, García Mejías, que no ofreció el mejor precio". El anexo de ampliación de obras no fue siquiera sacado a concurso. Además, un informe policial censuró "la manipulación en las facturas y certificados de obra".