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Reportaje:Los intrusos en los ERE

Respuestas a una compleja red

La investigación del intento de soborno en Mercasevilla ha derivado ya en cinco causas judiciales que afectan a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento

Javier Martín-Arroyo

El caso Mercasevilla empezó como un intento de extorsión a unos empresarios hosteleros que afectaba al Ayuntamiento de Sevilla y ha llegado a la Junta de Andalucía. La juez Mercedes Alaya ha abierto ya cinco causas derivadas de la investigación inicial. Estas son las claves:

- ¿Cómo y cuándo se inició el caso Mercasevilla?

La investigación comenzó tras un intento de soborno por parte de la anterior cúpula de la empresa municipal Mercasevilla. Los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce exigieron supuestamente a dos empresarios hosteleros 450.000 euros a cambio de la concesión para una escuela de hostelería. Fueron varias reuniones pero la jugada salió mal. Los empresarios grabaron las reuniones y entregaron las cintas a la Consejería de Empleo, que las remitió a la fiscalía. Pero el 24 de abril el PP presentó una denuncia y el Juzgado de Instrucción 6 pasó a encargarse de la investigación. En esa primera causa está imputado el ex delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y la directiva de Mercasevilla Regla Pereira.

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- ¿Qué irregularidades reveló la investigación? Mientras el escándalo crecía, Mellet dimitió y la Fundación Mercasevilla fue disuelta. El Ayuntamiento encargó una auditoría y el resultado rubricó el hedor que desprendía la gestión: la fundación presentaba un agujero financiero de 1,1 millones en la contabilidad y sus directivos habían gastado 30.000 euros sin justificantes, además de conceder becas y repartirse dividendos sin control.

- ¿Por qué la investigación indagó en la venta de terrenos? La juez se topó con la donación a la Fundación Mercasevilla de 240.000 euros de la constructora Sando. De este modo, comprobó que el grupo malagueño había ganado el concurso por la compraventa de terrenos tras ofrecer 106 millones, a pesar de que el grupo Noga ofreció 158 millones en dicho concurso. La magistrada tilda la operación de "fraudulenta" y ha imputado a diez personas entre empresarios, abogados, políticos y técnicos. Mientras, la juez había detectado 20 supuestas irregularidades en las cuentas de la empresa, investigadas en una pieza separada.

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- ¿Cuándo salpica el caso a la Junta? Mientras que la Consejería de Empleo y Mercasevilla discrepaban por el compromiso de la Administración regional en el pago de nueve millones en el ERE llevado a cabo en 2007, el comité de empresa denunció la inclusión de una persona beneficiada como prejubilada que nunca había trabajado en el mercado de abastos. Uno de los intrusos era dirigente del PSOE en Baeza (Jaén). La juez, que superó una recusación, investigó cómo fueron introducidos estas personas con la connivencia de intermediarios, conseguidores, consultores y un alto cargo de Empleo. Ahí comenzaron a aflorar irregularidades como setas.

- ¿Un "fondo de reptiles" de 647 millones? Tras estos dos casos de intrusos, el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, declaró ante la policía judicial que durante una década la Junta había repartido 647 millones de euros a empresas en crisis, principalmente para pagar ERE sin control y de manera arbitraria. Guerrero tildó el presupuesto de "fondo de reptiles".

- ¿Hacia dónde apunta la investigación? La policía concluyó que los fondos se dieron sin el procedimiento que marca la ley. Mientras, ha desarticulado una trama que introdujo "hombres de paja" para beneficiarse de falsos prejubilados en empresas repartidas por toda la comunidad. Han prestado declaración como detenidos 11 personas entre sindicalistas, intermediarios, consultores y empresarios.

11 detenidos declaran ante la policía

Desde el pasado diciembre 11 personas han prestado declaración como detenidos ante la policía judicial como supuestos miembros de la trama desarticulada que se benefició a través de prejubilaciones fraudulentas en los dos ERE subvencionados por la Junta en Mercasevilla y el restaurante Río Grande. Entre ellos figura una sindicalista de UGT en Jaén, de iniciales M. J. M. E., y miembro de la ejecutiva socialista de Torredonjimeno.

Asimismo, familiares del ex sindicalista y

conseguidor

Juan Lanzas han declarado como detenidos ante la policía judicial, según fuentes del caso. Lanzas ya había declarado en diciembre acusado de estafa, falsedad documental y cohecho.

El último de los acusados ha sido el ex director de Mercasevilla, Fernando Mellet, acusado de estafa. Ayer el ex directivo proclamó su "inocencia" y negó tener relación alguna con la trama desarticulada. Antonio Albarracín, director comercial de la consultora Vitalia, había señalado que Mellet incluyó al ex dirigente del PSOE de Baeza (Jaén), Antonio Garrido, en el ERE de Mercasevilla por un "compromiso ineludible".

Días antes declararon una mujer de iniciales J. M. E., la dueña del restaurante sevillano Río Grande que gestionó un ERE, y Carmen Fontela, la mujer que supuestamente percibió 140.000 euros en una cuenta, gestionada por el comercial de Vitalia Francisco González. Junto a González habían prestado declaración ante la policía entre diciembre y enero su socio Francisco Limón y el ex socialista Antonio Garrido.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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