Collserola será verde o gris cemento

Tras un camino trazado en medio de un bosque que ahora parece encantado, con árboles de formas torturadas y con las raíces al aire por efecto del vendaval, se yergue la espléndida masía de la Torre Negra, del siglo XII. Solitaria y misteriosa, la finca, de propiedad privada, se muestra ajena al intenso debate desatado en Sant Cugat para preservar los terrenos que la rodean. Tras 10 años de litigio, el Tribunal Superior de Justicia ha denegado la decisión de la Generalitat de calificar ese bosque de especial protección, por lo que vuelve a ser urbanizable. Pero el Ayuntamiento, gobernado por CiU, ha decidido por unanimidad reanudar los pasos para que la Torre Negra sea declarada zona verde frente a la oposición de los propietarios, encabezados por José Luis Núñez, que aseguran que la justicia les ampara.

"Nos hemos sentido muy solos en la defensa de Torre Negra", dice Recoder

Los ecologistas se manifestarán este mes contra Medio Ambiente

Pero el fallo es complejo y es sólo un capítulo más de la larga batalla legal alrededor de este pedazo de montaña tan querido en Sant Cugat por ser la única entrada a Collserola sin edificar. El fallo deniega la protección, pero avisa que eso no implica que deba "prosperar" la tesis urbanizable. El Ayuntamiento, en cualquier caso, recurrirá ante el Supremo. El área abarca 166 hectáreas: la mitad son de Núñez, y la otra, de un grupo de pequeños propietarios. Su plan es construir 2.800 casas en un municipio que ha crecido enormemente y en el que hay pisos sin vender en Can Matas y Vulpalleres.

"Queremos proteger Torre Negra. Si miramos Collserola desde el Tibidabo, las casas llegan arriba y eso no pasa en el lado del Vallès. Nos hemos sentido muy solos, pero las máquinas no han entrado ni entrarán", dice el alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, que insta a la Generalitat a que declare ya la sierra parque natural. "Con ese blindaje, el fallo habría sido diferente". El Departamento de Medio Ambiente, del ecosocialista Francesc Baltasar, anunció en 2005 que Collserola sería parque natural. Ahora dice que iniciará el proceso dentro de 15 días. Los ecologistas creen que ha tardado tanto que se ha permitido maniobrar a los ayuntamientos. Y ahora preparan para el día 22 una manifestación contra la política global de los departamentos de Medio Ambiente y de Política Territorial.

Medio Ambiente dice que incluirá Torre Negra en los límites de protección del parque. Los abogados de Núñez, Rafael Jiménez y Lluís Saura, son escépticos. "Me extrañaría mucho que una Administración lo declare parque natural cuando un juez acaba de decir que no lo es. Y si es así, recurriremos", avisa Jiménez. "Todo el argumento municipal de que Torre Negra era de interés público ha desaparecido. Con este fallo, ya no hay parque rural en Sant Cugat. El Ayuntamiento no está legitimado para expropiar e intervenir".

Considerada un lugar emblemático, próxima al Pi d'en Xandri, el Ayuntamiento decidió tras las elecciones de 1999 cambiar la Torre Negra de zona urbanizable a verde. Lluís Llerena, de la Plataforma de Defensa de Torre Negra, cree que los partidos se vieron presionados por el clamor popular porque el Ayuntamiento no fue tan sensible cuando quiso urbanizar Can Busquets, en La Floresta. "Eran 60 casas y no es una zona con tanto valor ecológico. Es incomparable", alega Recoder. "Nadie quiere pasar a la historia como el primero que urbaniza Torre Negra", explica Manel Cunill, de Depana.

El acuerdo es total y sin fisuras, salvo cuando lo rompió el año pasado el Partido Popular. "Sólo decimos que hay propietarios a los que se deben compensar", dice Berta Rodríguez, del PP. "La Generalitat y la Diputación deberían ayudar a pagar". Pere Feliu, presidente de los propietarios, abunda: "Estamos abiertos a negociar. Si no podemos construir, que se nos compense con una permuta. No hay dinero para pagarnos y ofrecemos algo cómodo: urbanizamos 20 hectáreas y cedemos el resto. Collserola es propiedad privada. Hay familias que tienen fincas desde hace generaciones".

Cunill dice que la gente confunde el derecho a la propiedad con el de edificar, y Daniel Jiménez Schlegl, abogado experto en urbanismo, sostiene que los dueños sólo pueden ser indemnizados si el plan ya estaba aprobado, y como no es el caso, sólo podrían recurrir a la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración por los gastos del proyecto. Los abogados de Núñez admiten que la cuestión de la indemnización queda lejos. "Es otra discusión", dice Jiménez, que añade que Sant Cugat puede modificar su planeamiento urbanístico, pero quedará en nada si la justicia da la razón en otro asunto: anular la desestimación provisional del Plan de Actuación Urbanística de 1998.

Mientras, los vecinos de Finestrelles, en Esplugues, al otro lado de Collserola, miran con melancolía la zona arbolada que ha desaparecido de la falda de Sant Pere Màrtir, cuya parte superior está integrada en la Red Natura 2000. "Aquí había jabalíes, zorros, perdices... no queda nada. Sentimos impotencia", dice desolado Paco Felipe, presidente de los vecinos de Finestrelles, tras una lucha que empezó en 1991. "Han árboles y cimentado la montaña", añade Eulàlia, de la asociación. La operación urbanística Caufec, ahora Porta-Barcelona, consiste en la desaparición de 30 gigantescas torres de alta tensión, que desaparecerán en junio, el soterramiento de las líneas y la construcción de dos torres gemelas, bloques de pisos y un centro comercial.

Las obras comportan que se haya ajardinado la falda de Sant Pere Màrtir, donde se ha habilitado un ancho camino asfaltado. Pilar Díaz, la alcaldesa, del PSC, afirma que la parte baja de la avenida era un antiguo circuito de motocross abandonado donde nunca hubo bosque. "Eso no era Collserola y los caminos de la falda son para mejorar la accesibilidad y para que se pueda pasear, ir en bici o patinete. Era una zona impracticable. La mayoría de la gente está encantada. Entiendo que un grupo se queje, pero no que se otorguen la representación de todos. Esto nos va a comportar 6.000 puestos de trabajo". Pero la lucha sigue: Enric, de 28 años, uno de los jóvenes que se colgaron de una de las torres de Esplugues en 2007 contra el Caufec, puede desde hoy pasar 10 días en prisión porque se niega a pagar 60 euros de multa por desobediencia. Será una protesta más contra el ataque a Collserola.