La Generalitat declara la guerra a los médicos

Ante el conflicto, no dialogar y huir hacia adelante. El Gobierno catalán escenificó ayer una pose de indignación y molestia ante la huelga convocada por Médicos de Cataluña, sindicato mayoritario entre los facultativos, para el 15 y 16 de noviembre, a solo cuatro días de las elecciones. Si los facultativos exigían sentarse a negociar para aumentar el presupuesto destinado a la sanidad pública el año próximo antes de desconvocar la huelga, la Generalitat se cerró en banda. "Provocan una molestia innecesaria a los ciudadanos a cambio de pedir un imposible", señaló el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu. Homs se mostró muy crítico por entender que los médicos mantienen una actiutu de desconsideración hacia los pacientes e insinuó que los facultativos solo reclaman privilegios salariales "inalcanzables" en tiempos de crisis. El sindicato respondió acusando de "cínico" al Gobierno catalán por "ser el máximo responsable" de la situación por aplicar recortes "indiscriminados". A una semana de la huelga, las posturas siguen distanciándose.

"La Generalitat es la máxima responsable", protesta el sindicato mayoritario

"Esta huelga tendrá consecuencias sociales: nos obliga a reprogramar y cancelar visitas", señaló Homs, que aprovechó la fractura sindical del sector sanitario después de que CC OO criticara la convocatoria de huelga. Si ese sindicato "beligerante", señaló, "consideró la huelga irresponsable, es que no es justa". El tono y la actitud del portavoz irritaron aún más a un sector que lleva diez meses soportando recortes y rebajas salariales por la reducción de turnos y guardias. "El portavoz padece amnesia, porque ha sido la Generalitat la que cerrará los hospitales cinco días solo por intereses económicos", señaló en alusión al cierre parcial de centros sanitarios aplicado por el Ejecutivo catalán.

Los recortes también han colocado en la cuerda floja a otros sectores vinculados a la sanidad: tres de cada diez farmacias son incapaces de pagar las facturas que les reclaman los proveedores. "La situación no puede ir a peor", resumió el presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña, Jordi de Dalmases, tras presentar un análisis de la situación elaborado por el organismo durante la primera quincena de octubre. La viabilidad económica de unas 260 farmacias de las cerca de 3.000 que hay en la comunidad, casi una de cada diez, está "comprometida", lamentó De Dalmases: es decir, no llegan al sueldo mínimo de 1.500 euros mensuales establecido por el convenio del sector. "Los recortes ya se han cobrado 1.000 puestos de trabajo en las farmacias", añadió. Para expresar la preocupación, en los establecimientos luce desde ayer una luz roja con el objetivo de hacer patente a la población la precariedad de la situación.