Multas lingüísticas: aplicar la ley
CiU fijó las sanciones por no rotular en catalán, pero nunca usó la norma
Manuel Nevot vivió sin querer su minuto de gloria en 2008, con una frase que puso encima de la mesa un tema que se convirtió en una obsesión para el Partido Popular y Ciutadans: las multas lingüísticas. "Tengo aquí un expediente de un ciudadano catalán al que se ha multado con 400 euros", anunció Mariano Rajoy durante el cara a cara preelectoral. Se refería a Nevot, agente inmobiliario de Vilanova i la Geltrú al que se multó por rotular su establecimiento solo en castellano. Su caso convirtió la política lingüística en casus belli de la legislatura. Ciutadans había basado su irrupción en el Parlament, dos años antes, en denunciar la, a su juicio, "imposición del catalán"; el PP, adormilado durante la época de Jordi Pujol en esta cuestión, se vio forzado a sumarse. La reacción, a contrapié, ha sido fuerte y en ocasiones ha rozado el ridículo: por ejemplo, cuando se han recurrido normas que el partido apoyó en el pasado.
La Generalitat tiene la obligación de castigar a quien no etiquete en castellano
Las multas por no rotular en catalán han sido la punta de lanza de esta polémica. El Gobierno de Jordi Pujol aprobó la Ley de Política Lingüística en 1998. Un brindis al sol: CiU nunca la aplicó. "Pujol hizo la ley de cara a la galería", lamenta Jordi Anguera, actual director de la Agencia Catalana de Consumo. El tripartito la aplicó cuando ERC se hizo cargo de Consumo en 2003. Poco a poco las multas se fueron conociendo: en 2003 las primeras inspecciones arrojaron dos sanciones; en 2004, 22 multas, y en 2005, 119.
Anguera accedió al cargo tras la configuración del segundo tripartito, que ha dejado las competencias de consumo en manos del departamento de Economía, y resume su estrategia: sin abandonar las multas, se optó por la pedagogía. "Si hay voluntad, no hay sanción", resume Anguera, al frente de la agencia desde ese año. Pero las multas han ido aumentando: 126 en 2006, 138 al año siguiente, ascendieron a 209 en el 2008 y bajaron a 152 en 2009. "Hemos logrado que el 80% de los procedimientos no acaben en sanción. Pero hay gente que no quiere", apunta Anguera.
Las campañas contrarias a las multas han sido en balde. El Código de Consumo, aprobado recientemente, aumenta la presencia del catalán en el comercio y obliga al comerciante a atender en las dos lenguas oficiales. El conflicto se perpetúa: la norma está recurrida ante el Tribunal Constitucional, que revisará los recursos del PP y de la Defensora del Pueblo.
Consumo se defiende: "Cumplimos con la ley", justifica Anguera. Ni el PP y Ciutadans han cuestionado la labor de la agencia en proteger el castellano. Son datos más escondidos -no hay recuento específico-, pero hablan por sí solos. En 2009 la Generalitat multó a 94 empresas por no etiquetar en español, cumpliendo con las 120 normas estatales que obligan a dar la información en castellano. Estas sanciones han aumentado por la presencia de alimentos procedentes de otros países.
La inmersión educativa, en entredicho
El modelo educativo catalán, basado en la inmersión lingüística, ha estado en el punto de mira del PP y Ciutadans en esta legislatura junto a las multas lingüísticas. Fue instaurado en 1983, revisado en 1998 y ratificado esta legislatura con la Ley de Educación, y los informes avalan que los niños salen de la escuela dominando el catalán y el castellano. En general no hay conflictos, pero ambos partidos reclaman la libertad de elegir el idioma de enseñanza y se agarran como clavo ardiendo a los pocos padres que denuncian la inmersión.
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto ha abierto expectativas al PP y Ciutadans. De forma ambigua, el fallo del alto tribunal abre la puerta a la inclusión del castellano como idioma vehicular, frente a las dos horas semanales de dedicación que especifica la Ley de Educación. El alcance de este punto del fallo aún no es visible, pero el PP y Ciutadans han puesto en marcha la maquinaria para acabar con el modelo de inmersión.
