Un fraude de hasta 10 años de cárcel

En medio de un fuerte cordón policial que les abrió paso desde los calabozos hasta su coche, parte de la cúpula de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) abandonó a las siete y cuarto de la tarde de ayer la Audiencia Nacional. Después de dos largos días de detención e interrogatorios en dependencias de la Guardia Civil, el presidente del Consejo de Dirección de la entidad, Eduardo Teddy Bautista, su director general, Enrique Loras, y el director económico-financiero de la sociedad, Ricardo Azcoaga, quedaron en libertad provisional tras declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de ese tribunal, Pablo Ruz.

Libres, pero imputados por graves conductas que, en conjunto, pueden acarrear penas de hasta 10 años de cárcel. El magistrado les atribuye un delito continuado de apropiación indebida "de especial gravedad" por el valor de la cantidad defraudada, debido a su supuesta participación en el desvío de decenas de miles de euros presuntamente realizado a través de la filial digital de la entidad, la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), hacia empresas de familiares de su director general.

La investigación señala el papel de Bautista como "secundario"

Hoy declarará ante el juez el supuesto cerebro de la trama de desvío de fondos

La "especial gravedad" del fraude a la que se refiere Ruz significa que la cantidad desviada superó en todo caso los 50.000 euros, aunque hasta el momento, debido al secreto del sumario, se desconoce el monto total defraudado. Este tipo de apropiaciones indebidas especialmente elevadas conllevan un castigo de entre uno y seis años de cárcel.

El magistrado imputa además a los tres directivos un segundo delito, el de administración fraudulenta. Es decir, que Bautista, Lora y Azcoaga habrían abusado de sus funciones de gestores de una sociedad -en este caso la SGAE- para beneficiarse ellos mismos o a terceras personas mediante contratos que perjudicaron a sus socios. Esta segunda acusación acarrea penas de entre seis meses y cuatro años de prisión.

De esas dos infracciones deberán responder los tres miembros de la cúpula de la entidad, pero al presidente de su Consejo de Dirección, Teddy Bautista, el juez le achaca una más castigada con multa: un delito societario por negar a los socios la información sobre la entidad a la que tienen derecho e impedirles participar en su gestión.

Pese a la gravedad de los delitos, el juez no acordó la prisión contra ninguno de ellos debido a su arraigo en España y la escasa probabilidad de que se fuguen. A pesar de ello, Ruz sí les obligó a entregar en el juzgado su pasaporte y les prohibió abandonar el país mientras dure la investigación. La participación de Bautista y los otros dos directivos de la SGAE en el fraude, según fuentes de la investigación, fue, además, secundaria. Según la denuncia de Anticorrupción, el cerebro de la trama societaria de desvío masivo de dinero, José Luis Rodríguez Neri, era una persona de la máxima confianza del presidente del Consejo de Dirección, que fue quien le designó como director general de la SDAE, la empresa desde la que se realizó el fraude. Por esa razón, los investigadores, creen que Bautista tuvo que conocer o consentir las actividades del principal imputado.

Ruz también dejó en libertad sin fianza a Elena Vázquez y Celedonio Martín, la principal accionista y el director financiero, respectivamente, de Microgénesis, la empresa de informática controlada por familiares y amigos de Neri que se convirtió en una de las principales contratistas de la SDAE, también dirigida por el cerebro de la trama. Vázquez y Martín, que pasaron por el despacho de Ruz tras Bautista y los otros dos cargos de la SGAE también salieron imputados por los mismos delitos, aunque a la primera también se le atribuye el de alzamiento de bienes.

Mañana pasarán a disposición judicial el resto de los detenidos el viernes. Entre ellos destaca Neri, ex director general de la SGAE y director general de la SDAE al que los investigadores apuntan como el principal urdidor de la trama. Antes de dirigir la filial digital de la entidad, Neri fue presidente y consejero delegado de Microgénesis hasta abril de 2003. Después de ese año, desde su cargo de director de la SDAE, convirtió a su antigua empresa en una de sus principales contratistas.

Tras la marcha de Neri, a cargo de Microgénesis quedaron, entre otros, su esposa y la hermana de esta, María Antonia y Eva García Pombo, quienes también pasarán hoy por el despacho de Pablo Ruz. María Antonia fue presidenta de la empresa, mientras que Eva es la actual apoderada y ex consejera delegada. Por último, también declarará ante el juez su socio-director y actual administrador único, Rafael Ramos.