Gas Natural comunica a la CNMV que abandona la batalla por Endesa

Gas Natural comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha decidido retirar la oferta de adquisición del 100% de Endesa que lanzó en 2005. La comunicación formal, de apenas seis líneas, fue seguida por un amplio comunicado con duras acusaciones contra Endesa y E.ON. Gas Natural sostiene que el consejo de la eléctrica española, además de infringir el deber de pasividad ante su OPA, ha aplicado en su contra una estrategia "ilegítima" e "irracional" para beneficiar a E.ON. Gas Natural considera el proceso "desigual" y reclamará por daños y perjuicios.

La sociedad justifica la retirada por el trato desigual recibido y la especulación del valor

Gas Natural argumenta su decisión en el distinto trato recibido de Endesa, frente a la oferta del grupo alemán E.ON, una "desigualdad" que critica en la obtención de las distintas autorizaciones administrativas, en el comportamiento de los órganos de gobierno de Endesa y en la propia posición regulatoria de la gasista respecto de E.ON. La empresa también detecta "discriminación" en los procesos judiciales abiertos y en la especulación bursátil que ha hinchado el valor. El consejo de administración de la compañía adoptó la decisión, esperada, por unanimidad, tras dos horas de reunión.

Sólo queda una oferta sobre la mesa: la de E.ON, cuyo presidente, Wulf Bernotat se ha comprometido verbalmente a pagar, al menos, 34,5 euros por cada acción de la eléctrica (ayer, los títulos de Endesa cerraron a 38,41 euros, con una caída del 0,41%).

La retirada de Gas Natural de la batalla no exime a E.ON de continuar con los trámites previstos. Y la CNMV aseguró ayer que el grupo alemán tendrá que presentar hoy, en sobre cerrado, la mejora de la oferta.

E.ON no aclaró su próximo movimiento. En teoría, cabe la posibilidad de que hoy se limite a comunicar la mejora comprometida (de los 27,5 euros iniciales a los 34,5 euros anunciados), sin descartar mejoras durante el periodo de aceptación de la OPA. La cuestión ahora es, según los analistas, saber qué pesará más en el ánimo de Bernotat: la necesidad de acabar cuanto antes la pelea y recabar apoyos (lo que implicaría una mejora sobre los anunciados 34,5 euros) o la posibilidad de comprar más barato de lo previsto, desaparecido el rival.

En todo caso, para Gas Natural, lo que suceda con Endesa ya es pasado. A futuro sólo queda la promesa de que el comportamiento del presidente de la eléctrica, Manuel Pizarro, y su equipo será examinado en los tribunales. Según el comunicado de Gas Natural, la situación creada por Endesa y sus gestores "no es ajustada a derecho" y "reclamará por los daños y perjuicios ocasionados a la sociedad y a sus accionistas".

Si las reclamaciones judiciales tienen el mismo tono que las críticas lanzadas contra el consejo de Endesa, la batalla legal puede ser aún muy enconada.

Porque la compañía que preside Salvador Gabarró no ahorró munición. En su opinión, Endesa ha desplegado una estrategia "irracional" e "ilegítima, que sólo buscaba la desaparición de la oferta [de la gasista]", con "campañas de publicidad y comerciales innecesarias y costosísimas, la alteración de la política de dividendos o la decisión de plantear la artificial cuestión de la dimensión comunitaria de la operación". Gas Natural cree que su operación "empresarial" se ha visto minada por "las continuas infracciones del deber de pasividad" de Endesa, que ha compartido con E.ON "hasta donde se sabe, bancos asesores y bancos financiadores". Además, ambas empresas "han coordinado su estrategia de comunicación, han preparado la toma de control y se han asistido constantemente en los procedimientos administrativos y en los procesos judiciales".

La gasista también asegura que las demandas de Endesa sobre Gas Natural hubieran generado incertidumbres: según su resultado, la gasista se arriesgaba a tener que vender las acciones de Endesa compradas en la OPA o practicar más desinversiones.

En su abandono del campo, Gas Natural no olvida a E.ON, a su juicio en una situación "manifiestamente ilegal" por obtener "rentas incontestables" derivadas del "control de los precios repercutidos a los consumidores" en Alemania, ante la "pasividad" del propio Gobierno alemán y de Bruselas.