El Gobierno encarecerá la prejubilación

El Gobierno está decidido a poner coto a las prejubilaciones. Al menos, las que acometen grandes empresas con beneficios. Y para ello ha encontrado una vía: encarecerlas. Según fuentes cercanas al Ministerio de Trabajo, el Ejecutivo va a exigir a las corporaciones más rentables que, si reducen plantilla a través de prejubilaciones, asuman el coste de las prestaciones por desempleo que suelen soportar las arcas públicas.

La idea no es nueva; el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, la estudia desde hace meses. Pero es ahora, con una iniciativa parlamentaria, cuando tomará cuerpo. Como norma general, un prejubilado es un trabajador en sus últimos años de vida laboral que ha llegado a un acuerdo, colectivo o individual, con su empresa por el que recibe una indemnización en el momento de ser despedido. Entonces, el prejubilado, como cualquier otro desempleado -la figura administrativa del prejubilado no existe- pasa a cobrar de los servicios públicos de empleo la prestación a la que tiene derecho durante un máximo de dos años. Esto supone un abaratamiento del coste del despido para las empresas, ya que a la hora de calcular la indemnización ambas partes cuentan con el dinero que el prejubilado percibirá del antiguo Inem.

Se plantea cargar el coste a las firmas cuando se prejubile a mayores de 52 años

Está aún por decidir a partir de cuántos beneficios y empleos se exigirá el pago

Las prejubilaciones son una de las vías más utilizadas en despidos pactados

No es la primera vez que el Gobierno propone este tipo de cambio

Trabajo cree que la enmienda contará con apoyo suficiente en el Congreso

El ministerio se ha inspirado en una regulación aplicada en Finlandia

No obstante, en toda norma hay excepciones. En España ha habido grandes reducciones de plantillas en las que los prejubilados que perdían su trabajo no han pasado por las oficinas públicas de empleo y, por tanto, el Estado no ha tenido que desembolsar dinero alguno. Son los casos de los expedientes de regulación de empleo (ERE) en los ajustes de plantilla de la banca y alguno de los que ha hecho la propia Telefónica hasta el momento. Telefónica protagonizó el mayor expediente de regulación de empleo (aprobado sin cambios por el Gobierno), al que se acogieron 14.000 personas entre 2003 y 2008. En aquel ERE, pactado con los sindicatos, el grueso de las bajas fueron prejubilaciones de mayores de 52 años en las que la empresa compensó a los extrabajadores hasta su jubilación anticipada (61 años), y en menor medida, hasta la edad legal de jubilación (65 años). Y como era (y es) habitual, el antiguo Inem se hizo cargo de las prestaciones por desempleo.

Ahora, la intención del Gobierno es obligar a las grandes empresas con ganancias a asumir el coste de esa prestación en despidos colectivos para trabajadores mayores de 52 años que no van a reintegrarse al mercado laboral.

Para ello, fuentes cercanas al Ministerio que dirige Valeriano Gómez apuntan que Trabajo ha redactado un borrador que planea incorporar como enmienda en la tramitación de la Ley General de Seguridad Social o en el Decreto Ley de Políticas Activas de Empleo. En esta última opción se incluiría en la disposición final primera. Ambas normas se encuentran pendientes de su aprobación en el Congreso, con un plazo de presentación de enmiendas que se agota en las próximas semanas. En Trabajo creen que habrá apoyo político suficiente para sacarla adelante.

No es este el único detalle que falta por cerrar. A "la primera versión" del texto que ha redactado Trabajo, todavía le faltan aspectos determinantes como a partir de qué número de trabajadores se impondrá la norma o cuál será el volumen de ganancias que servirá como referencia.

No es la primera vez que el Gobierno se propone endurecer las prejubilaciones. Ya el anterior ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, las criticó con fiereza. "En los casos de empresas en beneficios, hay que prohibirlas directamente", llegó a afirmar. Pero el departamento llegó a la conclusión de que esa era una vía jurídica cerrada: en muchos casos, la prejubilación no es más que un despido pactado libremente entre empresa y trabajador.

La alternativa, en la que el equipo de Valeriano Gómez trabaja desde noviembre, apuesta por encarecerlas de forma indirecta. Hasta que no se fije a partir de qué volumen de empleo y de qué umbral de beneficios se aplicaría es imposible estimar el ahorro para los servicios públicos de empleo. Y en este asunto, escasean las referencias oficiales. Un informe elaborado por el Consejo Económico y Social hace una década calculaba en 240 millones anuales al año el coste en prestaciones por desempleo por las prejubilaciones de grandes empresas. Pero las condiciones laborales han variado de forma notable.

Tampoco hay muchas más pistas sobre la dimensión total del colectivo de prejubilados, cobren o no prestación por desempleo. La asociación de técnicos de Hacienda cree que ronda las 400.000 personas, aunque esto incluye todo tipo de casos (expedientes colectivos y pactos individuales en empresas con beneficios o pérdidas, grandes o pequeñas),

En Europa, Finlandia ya cuenta con una regulación de este estilo. De hecho, Trabajo se ha inspirado en la norma finlandesa para su diseño. En el país nórdico, existen las llamadas "pensiones por desempleo" para los trabajadores mayores de 50 años afectados por regulaciones de empleos en empresas con beneficios. En estos casos, la compañía abona el 100% de la pensión si tiene más de 1.000 trabajadores. El porcentaje disminuye hasta el 80% conforme baja la plantilla.

Las prejubilaciones son una de las vías más utilizadas en los despidos colectivos pactados por empresas y sindicatos. Pierden el empleo los trabajadores más próximos a la jubilación a cambio de una indemnización que, muchas veces, supera lo establecido en la norma. Con ella el parado-prejubilado abandona un mercado laboral que tampoco les ofrece muchas oportunidades. Normalmente, acaban jubilándose con pensiones menores por los coeficientes de reducción por hacerlo de forma anticipada. Por eso, en muchos casos no suponen un sobrecoste para el sistema de pensiones, ya que su paga será menor durante el resto de su vida.