El Gobierno pacta la aplicación del FROB con Bruselas siete meses después de su aprobación
Salgado espera su aprobación inminente tras facilitar los detalles a Bruselas. -El retraso en la tramitación del fondo de rescate ha obligado a posponer ya una fusión de cajas
El Ministerio de Economía ha notificado formalmente a la Comisión Europea el marco general bajo el que actuará el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). La notificación a Bruselas de los detalles se produce casi siete meses después de que el FROB fuera aprobado por decreto ley, alegando para ello su extraordinaria y urgente necesidad. La tardanza de España en responder a las peticiones de información de la Comisión que se han producido en estos meses ha provocado ya el retraso de la fusión de Caixa Catalunya con otras cajas catalanas.
La Comisión Europea había insistido este lunes en que el Gobierno español no había notificado todavía el FROB, del que depende el proceso de fusiones de la cajas de ahorro en España. "No se nos puede reprochar no haber autorizado un esquema cuyos detalles no nos han sido notificados todavía", ha declarado en rueda de prensa el portavoz de Competencia del Ejecutivo de la UE, Jonathan Todd.
Todd ha explicado que el Ejecutivo comunitario mantiene "discusiones constructivas con las autoridades españolas", ha confiado en disponer de una "notificación lo antes posible" y ha prometido que la CE tomará "una decisión rápidamente", en cuanto disponga de toda la información necesaria y compruebe que no viola las normas comunitarias de la competencia. "No se no spuede reprochar no haber autorizado un esquema cuyos detalles no nos han sido notificados todavía", decía.
Esta tarde, a su llegada a la reunión del Eurogrupo, la vicepresidenta económica, Elena Salgado ha afirmado que ya se había enviado toda la información a Bruselas sobre el FROB. "No conozco esas declaraciones de la Comisión. Lo que sí conozco es que está próxima su aprobación", ha dicho Salgado, que en ningún momento ha aclarado que la notificación se acababa de realizar. Esa notificación formal, señalan fuentes de Economía, es la culminación del proceso. Tras ella, se espera una rápida aprobación.
Según fuentes de Economía, la aprobación del marco general de actuación el FROB permitirá que el proceso de autorización comunitaria de cada una de las operaciones sea "mucho más ágil y simple", pues se entenderá que, si se mantienen dentro del esquema pactado, cumplen con la normativa europea de competencia.
La Comisión mantiene desde hace un tiempo un diálogo con las autoridades españolas a propósito de la normativa que regula el funcionamiento del fondo de ayuda a la banca, un instrumento público clave en el proceso de saneamiento y fusiones de las cajas de ahorro en España. Aunque hay que darse prisa ya que, según se interpreta en el mercado y en diferentes organismos de la Administración española, la reunión de los organismos europeos en julio bajo la tutela de los nuevos ministros comunitarios sobre las ayudas al sector marca el plazo en el que se garantiza que habrá ayudas del FROB. A partir de entonces, habrá incertidumbre sobre las condiciones, pero nadie duda de que se endurecerán.
El principal punto de posible discordia está en el hecho de que si el esquema general deja demasiado margen de maniobra a las autoridades a la hora de decidir las condiciones de las ayudas públicas en cada caso, entonces la Comisión deberá examinar cada operación de reestructuración con objeto de asegurarse de que son compatibles con las reglas de competencia europeas. Algo que el Gobierno español no ve con buenos ojos.
El retraso en la aprobación del fondo ya ha provocado demoras en algunos procesos de reestructuración en España, como la fusión de Caixa Manresa con las cajas de Catalunya y Tarragona. Las tres entidades desconvocaron las asambleas generales extraordinarias previstas para el 21 de enero, en las que tenían que aprobar definitivamente la operación, y las aplazaron hasta que Bruselas dé su visto bueno al FROB.
Las tres cajas catalanas tienen previsto que el FROB suscriba participciones preferentes de la nueva entidad por 1.315 millones de euros, cifra que, junto con sus intereses, tiene que ser devuelta por la nueva entidad en un plazo de cinco años.
