La ex directora general de la CAM pide su reingreso ante la Justicia

La ex directora general de Caja Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, tal y como ha había anunciado, ha iniciado los trámites judiciales para conseguir que su despido a instancias del Banco de España por manipular las cuentas de la entidad sea declarado improcedente. En caso de ser considerado nulo podrá reingresar a su puesto de trabajo en la caja intervenida.

Fuentes cercanas a Amorós han informado de que Amorós presentó ayer en un juzgado de Alicante la denominada "papeleta de conciliación", el primer trámite que inicia la reclamación contra su despido por parte de los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que dirigen la CAM desde que fue intervenida el pasado 22 de julio por el Banco de España.

Ahora se abre un plazo legal para que, a través del juzgado, las partes alcancen un acuerdo y, en caso de que no se consiga, Amorós presentaría una demanda que iniciaría el proceso judicial con el fin de que su despido sea declarado improcedente.

La ex directora general de CAM, que el pasado viernes acudió a una oficina del Servicio Valenciano de Formación y Empleo (SERVEF) para solicitar la prestación por desempleo, está en desacuerdo con los argumentos esgrimidos por los administradores del FROB para echarla.

Amorós fue despedida el pasado 28 de septiembre bajo la acusación de que había buscado "el beneficio propio, falseado las cuentas y realizado una gestión deficiente" mientras que ocupaba el cargo de directora general. Además, la nueva dirección de la CAM consideró "reprobable" su sueldo y la pensión vitalicia de 369.497 euros al año que iba a recibir al jubilarse, lo que finalmente ha quedado anulado a expensas del final del proceso judicial recién abierto.

La gestión de Amorós en la CAM ha sido seguida de cerca por los administradores designados por el FROB desde que la entidad financiera, entonces presidida por Modesto Crespo, fuera intervenida por el Banco de España. A principios de agosto, la nueva dirección la destituyó de su cargo y la suspendió de empleo, aunque no de sueldo, como paso previo a su despido a finales de septiembre. El caso está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción.