Marsans agota la vía diplomática y lleva a la justicia el 'caso Aerolíneas'
El grupo español considera ofensivo valorar la compañía en un peso.- España recuerda que el Gobierno argentino tiene un pacto firmado
La compraron hace siete años por un dólar en concurso de acreedores. No están dispuestos a venderla por un peso, el equivalente a 0,33 dólares de hoy (0,24 euros), en quiebra técnica tras un culebrón de huelgas y desencuentros con el Gobierno de Buenos Aires. Marsans, el grupo propietario de Aerolíneas Argentinas y Austral, ha reaccionado este miércoles con dureza a la recomendación de la Comisión Bicameral del Congreso argentino de expropiar ambas aerolíneas y ha anunciado que recurrirá a los tribunales al considerar ya agotada la vía diplomática.
La empresa española considera "ofensiva", "partidista y parcial" la valoración realizada por el Tribunal de Tasación (dependiente del Ministerio de Planificación), que estima que sólo habría que pagar un peso por las compañías aéreas. La evaluación encargada por Marsans a Credit Suisse señaló un precio de más de 300 millones de dólares (unos 240 millones de euros).
Marsans considera que la recomendación de la comisión bicameral es "una decisión de la parte compradora para no pagar el valor de la empresa según se comprometió en el acuerdo formal" suscrito entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la empresa el pasado 17 de julio.
La compañía, propiedad del presidente de los grandes empresarios españoles, Gerardo Díaz Ferrán, y Gonzalo Pascual, subraya en un comunicado que en dicha comisión "tiene mayoría absoluta el Frente para la Victoria [partido en el poder]" en Argentina, de modo que acusa al Gobierno de "negarse a una tercera valoración de tasadores independientes" como se había establecido en el acuerdo de julio por el que se cedió al Estado la gestión de la compañía.
"Como en estos cuatro meses no han encontrado nada para acusar a Marsans, el Gobierno ha decidido apoyarse en el Congreso para no pagar", opinó anoche el director financiero de Marsans, Vicente Muñoz, antes de tomar un vuelo a Buenos Aires. Muñoz, que cifra en unos 400 millones de pesos los fondos propios negativos de Aerolíneas en julio, poco confía ya en que las gestiones diplomáticas del Gobierno español puedan lograr un acuerdo y explica que recurrirán a los tribunales tanto en Argentina como ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Con todo, Marsans remata su comunicado con un voto por lograr "una salida honorable para las partes".
Los problemas de Marsans en Argentina inquietan a otras empresas españolas en el país austral. Muñoz considera que este episodio es una continuación de lo ocurrido con Repsol YPF.
Pero en la Casa Rosada no parece haber intención de reconducir el asunto, a tenor de las declaraciones del secretario de Transporte del Gobierno argentino, Ricardo Jaime. En declaraciones a Radio América, Jaime consideró que "no hay ningún tipo de argumento" para rechazar la recomendación de la comisión del Congreso.
"Marsans no ha determinado cómo ha llegado a un resultado tan dispar [en la tasación de Aerolíneas y de Austral], salvo que haya otro tipo de intencionalidad, que es lo que siempre se ha denunciado y que es el vaciamiento de Aerolíneas", acusó el secretario de Transporte.
Aerolíneas Argentinas fue privatizada por el Gobierno de Carlos Menem en 1990, y adquirida por Iberia, entonces la línea aérea de bandera española y propiedad del Estado. En 1996 se hizo cargo de Aerolíneas la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que le encargó a American Airlines su gestión, pero tras nuevos avatares se vende en 2001 a Marsans.
El Tribunal de Cuentas español ha puesto de relieve que el Gobierno de José María Aznar enterró unos 2.000 millones de euros de dinero público en Aerolíneas, y acusaba a Marsans de no haber dedicado los 955 millones de euros que le había inyectado la SEPI al destino que se le había indicado (pago de deuda, renovación de flota), algo que Marsans siempre ha negado tajantemente.
España recuerda que el Gobierno de Kirchner tiene un pacto firmado con la empresa
En medios diplomáticos españoles han sorprendido las declaraciones del secretario de Transporte argentino, Ricardo Jaime, en el sentido de que su Gobierno "hará cumplir la ley" y seguirá el camino hacia la expropiación.
Dichos medios recordaron que el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, han hablado en varias ocasiones del tema, y muy recientemente en la cumbre de El Salvador.
Para el Gobierno español, insistieron las fuentes diplomáticas, existe un acuerdo firmado, precisamente, por Ricardo Jaime, en presencia del ministro de Planificación, Julio de Vido, y del embajador español, Rafael Estrella. "Esperamos que se cumpla", insistieron.
Interrogados sobre si la expropiación acarrearía alguna consecuencia en las relaciones España-Argentina, aseguraron que la ruptura de cualquier acuerdo firmado por un Gobierno "tiene siempre un coste, en un momento o en otro". No hubo comentarios sobre si la expropiación podría afectar a la visita oficial de la presidenta argentina a España, prevista para el próximo mes de febrero. "Falta mucho tiempo para eso".
Las mismas fuentes expresaron también su malestar por las manifestaciones del portavoz de Aerolíneas Argentinas, Jorge Molina, apelando a la intervención del Gobierno español.
Molina afirmó ayer que la expropiación de la compañía aérea debería ser considerada como "una luz roja2 para los demás inversores españoles en Argentina. "El Gobierno español habla con su propia voz", manifestó un portavoz diplomático.
