El gobierno colombiano destituye a 27 militares por el asesinato de una veintena de jóvenes
Es la mayor purga en el ejército del país por caso de derechos humanos que ha incluido a tres generales
El Gobierno colombiano ha cesado y entregado a la justicia a 27 militares por su presunta responsabilidad en la desaparición y asesinato de una veintena de jóvenes en Soacha, Cundinamarca (en el centro del país), han informado hoy los medios de información colombianos. Se trata la mayor purga en las filas de las Fuerzas Militares por un caso de derechos humanos en Colombia.
La destitución de tres generales, 11 coroneles, cuatro mayores, un capitán, un teniente y siete suboficiales ha sido anunciada hoy por el presidente Álvaro Uribe y por el comandante en jefe de las Fuerzas Militares colombinas, el general Freddy Padilla De León, que ha manifestado que los militares destituidos pasarán a disposición de la justicia civil, y no a los tribunales militares, para que respondan penalmente en caso de ser hallados culpables. Ayer mismo, Amnistía Internacional publicó un informe criticando la política de Uribe y su respeto a los derechos humanos.
"No se puede confundir la eficacia en las operaciones militares con la cobardía para enfrentar a los delincuentes y la distorsión de la eficacia, asesinando a inocentes", ha declarado el presidente en una alocución televisada.
Desaparecidos entre enero y agosto
Los jóvenes desaparecieron entre enero y agosto de este año en las localidades de Soacha y Ciudad Bolívar, en Bogotá. Sus cadáveres fueron localizados posteriormente en los departamentos de Santander y Norte de Santander, en el noroeste del país. Las primeras versiones de las autoridades indicaban que los jóvenes habían sido torturados y fusilados después de intentar escapar de las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, admitió posteriormente que las informaciones oficiales indicaban que los jóvenes habían muerto en combate con el Ejército. Las posteriores autopsias determinaron que habían fallecido entre uno y cuatro días después de que se informara de sus desapariciones.
El general colombiano José Joaquín Cortés, uno de los 25 oficiales y suboficiales del Ejército destituidos por el Gobierno, ha defendido hoy a sus subalternos que han sido implicados en un caso masivo de violación de derechos humanos. Cortés ha sostenido desde su sede en Bucaramanga (nordeste) que mantiene su confianza en los responsables y dependientes de las unidades inferiores de la división que mandaba alcanzadas por el caso, el asesinato de una veintena de jóvenes que fueron sepultados como "muertos en combate".
El pasado 23 de septiembre, Santos ordenó a la Fiscalía General de la Nación que iniciara una investigación con el fin de establecer "a la menor brevedad" las circunstancias de su muerte. Los familiares de los muertos han pedido justicia y que se condene a los culpables de la desaparición y posterior homicidio de los jóvenes. El motivo fue que una semana antes habían comenzado a aparecer los cuerpos de los jóvenes, generalmente pobres, enterrados en fosas comunes en la selva. La mayoría fueron tiroteados por la espalda nada más llegar.
