Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por delitos contra los derechos humanos
El ex presidente peruano, de 70 años, ha sido sentenciado culpable por su responsabilidad en dos matanzas y dos secuestros ocurridos durante su mandato
Un tribunal ha sentenciado este martes culpable al ex presidente Alberto Fujimori por crímenes contra los derechos humanos. El presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, César San Martín, ha declarado que los cuatro cargos contra Fujimori están probados "más allá de toda duda razonable", por lo que se le ha condenado a 25 años de cárcel. Ante la decisión, Fujimori ha interpuesto de inmediato un recurso de nulidad.
Fujimori, de 70 años, estaba acusado por su responsabilidad en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron 25 muertos en 1991 y 1992, y en los secuestros de un periodista y un empresario en 1992. San Martín ha precisado que el grupo militar encubierto Colina, autor material de las matanzas, cometió 50 asesinatos en 15 meses de actividad y que el Gobierno de Fujimori desarrolló una febril actividad para ocultar los hechos una vez que se conocieron.
Esta es la primera vez que un ex mandatario elegido democráticamente en América Latina es declarado culpable en su país por violaciones a los derechos humanos.
Fujimori, quien durante gran parte de su mandato (1990-2000) disfrutó de enorme popularidad por haber derrotado a los grupos guerrilleros Sendero Luminoso y el MRTA y además haber estabilizado al país en materia económica, se vio involucrado en graves escándalos de corrupción hacia el final de su mandato, por lo que huyó del país en el 2000 y se refugió en Japón -país de origen de sus padres- durante varios años antes de regresar a Perú a enfrentarse a la justicia.
El ex presidente siempre ha defendido su inocencia y se ha escudado en que tuvo que "gobernar desde el infierno", como dijo durante el juicio, cuando describió cómo se abocó a la lucha contra Sendero Luminoso -que durante la década de los 80 y comienzos de los 90 mantuvo a Perú en caos con ataques a infraestructuras y atentados- y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaro (MRTA), que protagonizó un espectacular secuestro en la residencia del embajador japonés en Lima en diciembre de 1996, y que terminó con un rescate de película más de cuatro meses después.
Pero su Gobierno se vio salpicado de denuncias de violaciones de derechos humanos llevados a cabo por el Servicio de Inteligencia liderado por Vladimiro Montesinos, quien también afronta varios juicios por estos delitos y corrupción.
Este juicio, que se ha desarrollado a lo largo de 15 meses, puede tener amplias implicaciones políticas ya que el actual mandatario, Alan García, también ha sido acusado de violación de derechos humanos durante su primer Gobierno en la década de 1980, antes de que fuera reemplazado por Fujimori, quien aún cuenta con amplia popularidad en algunas zonas de Perú, sobre todo las más pobres.
La hija de Fujimori, Keiko , es una parlamentaria muy popular en Perú y podría tratar de usar la condena de su padre para atraer simpatizantes de cara a sus propias ambiciones presidenciales en dos años. Algunas encuestas colocan a la joven -que fue la congresista peruana más votada en 2006- al frente de las preferencias electorales. De hecho, hoy decenas de simpatizantes de Fujimori se han congregado a las afueras de la sede del tribunal para mostrar su apoyo al ex mandatario.


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