Clamor general por sueldos razonables

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, suele hablar poco, pero cuando lo hace es por y para algo. En una intervención de esta semana en Sevilla ha vuelto a poner en tela de juicio el sueldo de los consejeros de las empresas cotizadas y por extensión de los ejecutivos. La CNMV ha pedido a Economía que la publicación de las retribuciones alcance rango legal, es decir, que sea de obligado cumplimiento. De momento es una recomendación general que tiene mayor repercusión en el sector bancario, en el que todavía colea la pensión multimillonaria que cobró el ya ex consejero delegado del BBVA José Ignacio Goirigolzarri.

La polémica está en el mercado y se ha establecido en los foros internacionales. Una de las lecciones que ha dejado la crisis es que las entidades financieras, además de en materia financiera, deben someterse a control en cuestiones como las remuneraciones de los ejecutivos. En los organismos de regulación ha cristalizado la idea de que a los Estados les asiste una especie de derecho a intervenir en ese sentido por la misma razón de que cuando han ido mal las cosas han tenido que destinar grandes cantidades de dinero para salvar a las entidades financieras y evitar el derrumbe en cascada de las economías.

Tras la crisis, parece claro que a las entidades ya no sólo hay que exigirles que sean transparentes en los sueldos de sus ejecutivos, sino también en que sean razonables. Ya no vale fijar incentivos a corto plazo (como bonus ligados a los beneficios) que disparen las ansias de los ejecutivos por forrarse, lo que al final es perjudicial. Los recientes anuncios de que otra vez JP Morgan o Goldman Sachs están obteniendo pingües beneficios vuelven a poner en solfa esta cuestión.

En esa línea se enmarcan los principios decididos por el Foro de Estabilidad Financiera (FEF) y el Comité de Basilea y el Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS). Y en ese contexto se encuadra la circular enviada por el Banco de España (BE) a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y a la Asociación Española de Banca (AEB) en la que incide sobre "la necesidad de que las entidades financieras lleven a cabo una autoevaluación de sus prácticas y analicen en qué medida se encuentran alineadas" con los principios sobre remuneración.

La carta, firmada por el director general de Regulación, José María Roldán, apenas tuvo repercusión -y además escasa- hasta bien entrado septiembre porque se envió el 31 de julio, viernes para más señas, en plena operación salida. La elección de la fecha responde, más que a los deseos de ocultar, a razones de calendario por las exigencias internacionales. El BE actúa en coordinación con otros organismos y apremia a que bancos y cajas "adopten e implanten" antes del 31 de diciembre de 2009 los principios establecidos en esos foros, q ue se fijan "especialmente sobre las políticas de remuneración en el sector de los servicios financieros".

La circular apelaba a que "la crisis financiera que se ha venido desarrollando desde el verano de 2007 ha puesto de manifiesto que la ausencia de buenas prácticas en materia de remuneración en algunas instituciones financieras ha constituido uno de los factores que han contribuido a ella". Tanto Miguel Martín, presidente de la patronal bancaria, como Juan Ramón Quintás, de la de cajas, subrayaron que la mayor parte de las recomendaciones se aplican ya. Pero las circulares del BE, y el ex subgobernador Martín lo sabe muy bien, hay que respetarlas. Uno y otro han dado traslado de la circular a bancos y cajas, y la CECA, en concreto, ha creado una guía para asesorar. Además, el escándalo de la pensión de Goirigolzarri, conocida a finales de septiembre, vino a dar la razón a las apelaciones.

En definitiva, se trata de poner en consideración la falta de buenas prácticas a las que hizo referencia el gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), en su intervención en el Congreso de los Diputados poco después de que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, arremetiera contra los altos sueldos de los ejecutivos bancarios. MAFO, no obstante, aclaró que el BE puede obligar a que los sueldos sean transparentes y no pongan en riesgo la solvencia, pero que otra cosa es controlarlos con la legislación vigente. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato?