El Constitucional paraliza los derribos de El Cabanyal

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la ley valenciana que permite los derribos en El Cabanyal y ha ordenado paralizarlos. La decisión implica la suspensión de la norma aprobada por el Gobierno de Francisco Camps para intentar sortear la orden del Ministerio de Cultura que prohibió el pasado diciembre el plan municipal de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar a costa de demoler más de 450 edificios en el barrio marinero, una parte de ellos en el área declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

Según el Constitucional, la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, se produce desde el pasado 9 de abril -fecha en que se interpuso el recurso- para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para los terceros.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, envió la semana pasada las excavadoras al barrio para demoler varios inmuebles situados fuera de la zona protegida, donde considera que no tiene competencias el ministerio a pesar de que la orden de Cultura exige que se detenga todo el plan urbanístico y se cambie para respetar los valores patrimoniales del barrio. Los vecinos se movilizaron contra los derribos e intentaron evitar el paso de las máquinas. La Policía Nacional cargó con dureza contra los manifestantes. Al menos ocho personas denunciaron heridas por la intervención policial, que ahora investiga el Ministerio del Interior.

La investigación tendrá su punto de partida en el informe que el Cuerpo Nacional de Policía ha hecho ya sobre los incidentes y al que ha tenido acceso EL PAÍS. El escrito justifica el "uso mínimo de la fuerza", como califica la carga policial, en una "violenta agresión" previa por parte de los manifestantes. Además, asegura que "no hay constancia de personas heridas como consecuencia de la carga", pese a las imágenes de la actuación, y sí de ocho agentes lesionados.

A raíz de la orden ministerial, la Generalitat apoyó el proyecto estrella de Barberá con un decreto ley que asumía el plan y autorizaba los derribos, a lo que el Gobierno ya respondió con un primer recurso ante el Constitucional que también fue admitido a trámite. Pese a ello, Barberá insistió en que puede actuar fuera de la zona protegida y así lo hizo la semana pasada después de que la mayoría del PP en las Cortes convirtiera el decreto recurrido en una ley. De nuevo, el Gobierno acudió al Constitucional, que hoy ha admitido a trámite el recurso contra la norma.

Para el Ejecutivo, el plan urbanístico supone un expolio del patrimonio histórico, ya que destruiría la singular trama de casas del conjunto de El Cabanyal y partiría en dos la zona protegida. Las declaraciones de expolio son competencia del Gobierno. En ese sentido, la ley valenciana "menoscaba las competencias sobre protección contra el expolio del patrimonio histórico que corresponden al Estado", indica el recurso del Gobierno.

"Si toca parar los derribos, paramos"

Las primeras reacciones a la decisión del Constitucional no se han hecho esperar. "Si toca parar los derribos, paramos, hasta que se resuelva finalmente el problema, que se resolverá porque estamos convencidos de que nos asiste la razón", ha manifestado el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau."Desde que se anunció que por el Consejo de Ministros se había aprobado el presentar este recurso, lo lógico y lo normal es que fuera admitido a trámite", ha continuado Grau. No obstante, se trata de "una admisión a trámite, y nada más", según ha subrayado. El gobierno local acata la decisión, como "siempre" hace con las resoluciones judiciales, ha dicho Grau, al tiempo que ha afirmado que la admisión a trámite de este recurso "no es ni más ni menos que un entorpecimiento más" que estaría "sufriendo" el equipo de Barberá en este largo conflicto en torno a El Cabanyal, que dura ya más de una década. Grau ha desviado la responsabilidad de que a partir de ahora no se realicen obras en el barrio a la oposición socialista y de los vecinos que rechazan la prolongación de la avenida: "Los valencianos han de saber que esta paralización, de acuerdo con la descabellada orden del Ministerio de Cultura implica que en todo el ámbito del PEPRI, prácticamente en todo El Cabanyal y El Canyameral, no se puede dar ninguna licencia de obras a nadie". Los vecinos llevan años reprochando al PP que no haya impulsado la rehabilitación en el barrio mientras esperaba una resolución judicial definitiva que permitiera derribar los edificios para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez.

Por su parte, la portavoz de Salvem El Cabanyal, Maribel Doménech, se ha mostrado "satisfecha" con la admisión a trámite, aunque ha asegurado que la plataforma vecinal "no se va a relajar" porque, en su opinión, "asumir la ley no está dentro de los parámetros del PP" y "no se quedará con los brazos cruzados". Para Doménech, "ahora más que nunca", las demoliciones "están fuera de la ley". En ese sentido, la portavoz ha criticado de nuevo la actuación municipal de la semana pasada de "derribar por derribar en un proceso tan delicado". Doménech ha exigido al PP que "respete la dignidad de las personas, del barrio y del proceso judicial" para, de esta forma, "recuperar la identidad del barrio; su paz, tranquilidad y armonía" a través de la "rehabilitación" del conjunto histórico y de la vida de este distrito marítimo, "evitando su degradación".

La portavoz socialista en el consistorio de Valencia, Carmen Alborch, ha destacado que la tramitación del recurso ante el Constitucional "abre un nuevo periodo de esperanza" para quienes defienden la "rehabilitación sin derribos" en El Cabanyal. "El PP se ha quedado sin ningún argumento legal para continuar los derribos durante los próximos meses", según Alborch, quien ha pedido a la alcaldesa "que respete la legalidad, que abandone la provocación, que suspenda los derribos y que deje de amenazar con nuevas demoliciones". El decreto aprobado por el Consell, así como la posterior ley, han supuesto, según la portavoz de la oposición, "una maniobra que vulneró tanto el espíritu como el contenido de la legislación estatal y autonómica sobre patrimonio histórico".

También se ha pronunciado sobre el asunto la diputada de Iniciativa y portavoz adjunta de Compromís en las Cortes Valencianas, Mònica Oltra, para quien la decisión del alto tribunal implica que el gobierno local de Barberá "ha incumplido la legalidad" y "da la razón" a los ciudadanos que se pusieron "delante de las máquinas para impedir los derribos". Oltra ha exigido la rehabilitación del barrio y ha exigido al PP que deje "ya de lado sus ansias destructoras, que no busque un nuevo camelo legal para continuar derribando y que acate la legalidad vigente".

El colectivo de vecinos favorables al plan de Barberá, surgido a raíz de la polémica por la suspensión del proyecto ordenada por el ministerio, considera, por el contrario, que "la guerra no está perdida", por lo que seguirán recogiendo firmas de apoyo a la prolongación de la avenida. "Algún día se hará", ha afirmado Amparo Molines, miembro de este grupo vecinal.