Defensa confirma que la detención de los piratas se practicó fuera de aguas somalíes
El abogado de uno de los asaltantes cuestiona la competencia de la Audiencia y pregunta dónde fueron capturados y qué bandera tenía el 'Alakrana'
Los militares españoles detuvieron a los dos piratas implicados en el secuestro del Alakrana y presos en España fuera de las aguas territoriales de Somalia. Así lo recoge el informe redactado por Defensa a petición del juez Santiago Pedraz después de que el abogado de uno de los asaltantes planteara este viernes al juez que la detención pudo cometerse en aguas sometidas a la jurisdicción de este Estado, lo que supuestamente hubiera convertido las detenciones en ilegales.
La detención, según ese informe, se produjo a 120 millas de la costa de Somalia, en un lugar que queda fuera de las aguas territoriales de ese país. Según la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar -ratificada en 1989 por Somalia- el mar territorial llega hasta las 12 millas (22 kilómetros) desde el litoral. En caso de que las detenciones se hubieran producido dentro de ese límite, habrían sido irregulares al haber actuado los militares españoles en territorio de otro Estado.
El punto exacto del arresto se encontraría dentro de la Zona Económica Exclusiva (hasta 200 millas o 370 kilómetros desde la costa), una franja sobre la que el Gobierno somalí podría ejercer derechos económicos y de explotación de recursos naturales, pero en la que cualquier otro país puede detener piratas, según la Convención.
Otro de los argumentos del letrado es que el Alakrana no faenaba bajo pabellón español y sólo enarbolaba una ikurriña, por lo que España no podría actuar contra los que lo atacaron. Pedraz ha pedido a la policía que le informe del pabellón del atunero, aunque fuentes de la Audiencia recuerdan que España es competente en delitos cometidos en buques españoles y el Alakrana lo es.
Por otro lado, el abogado ha pedido al juez que fije como delitos imputados al pirata Cabdullahi los de robo y detención ilegal en lugar de los 36 secuestros y la asociación ilícita que le atribuyó la Sala Penal. También ha pedido al fiscal que fije si el proceso puede finalizar ya "o es preciso practicar la instrucción del mismo".
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