Economía se blinda para pagar menos si alguna comunidad se descuelga

Todo apunta a que las críticas del PP al Gobierno por su reforma del modelo de financiación se quedarán en balas de fogueo. Es muy probable que varios Gobiernos autónomos populares rechacen el nuevo sistema que planteará mañana la vicepresidenta económica, Elena Salgado, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Igual que es casi seguro que en las comisiones bilaterales con el Gobierno, cuyo acuerdo o desacuerdo las vincula, todas cogerán el dinero. Rechazar un sistema que aumenta de forma significativa los recursos no parece buen negocio. Menos aún si el Gobierno incluye una cláusula que le blinda para evitar compensar en el futuro a las comunidades que se descuelguen.

Existen precedentes de rechazo por varias comunidades al modelo del PP

En la corta pero convulsa historia de la financiación autonómica hay un sonoro precedente de rechazo al modelo. Tres comunidades socialistlo. Tres comunidades socialistas (Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura) no asumieron la reforma que planteó entonces el Gobierno del PP para el quinquenio 1997-2001. Los tres Gobiernos recibieron recursos en función del sistema anterior y perdieron dinero respecto al resto. Cuando se revisó el sistema (2002), las tres comunidades volvieron a subirse al barco, pero sólo tras arrancar al Gobierno una compensación por los recursos perdidos. La negociación con Andalucía se dilató hasta 2004, ya con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno, pero fue la que más dinero logró (2.500 millones).

Con el nuevo sistema, esas compensaciones no volverían a producirse. El texto que remitió Economía a las comunidades el pasado domingo les da un plazo de seis meses desde que el Congreso de los Diputados valide la reforma para aceptar el nuevo modelo. Si una comunidad lo rechaza, se quedará en el sistema aún en vigor. Y si, en 2013 (año en el que habrá otra revisión), se reengancha al nuevo sistema, el documento establece una cláusula de castigo: "No se contemplará en ningún caso compensaciones por los recursos y fondos adicionales no percibidos en el periodo 2009-2013".

"Rechazar el modelo sería perjudicar a los ciudadanos", afirmó ayer Salgado en la cadena SER, cuando se le inquirió por las críticas de las comunidades del PP. La vicepresidenta económica admitió que el trasvase de recursos a las autonomías -el Gobierno pone 11.000 millones más y cede una porción mayor del IRPF, IVA e impuestos especiales para financiar el sistema- "puede subir unas décimas el déficit del Estado". Pero a continuación sostuvo que "el déficit de las comunidades se reducirá".

La observación de Salgado sobre el déficit es válida para el Estado, pero más dudosa en la parte que corresponde a las comunidades autónomas. El Gobierno no puede, salvo un muy improbable acuerdo unánime en el CPFF, obligar a las comunidades a destinar parte del dinero adicional que recibirán a reducir su déficit.

Lo más probable es que la inmensa mayoría de esos nuevos fondos se dedique a aumentar el gasto en servicios públicos, una reivindicación constante de los Gobiernos autónomos en los últimos años. El documento sólo se refiere al límite que les impone el programa de estabilidad presupuestaria (para 2010, por ejemplo, se prevé un déficit autonómico conjunto del 2% del PIB), límite que las comunidades se han saltado ya en varias ocasiones.