España promoverá por ley la prohibición de las bombas de racimo pese a fabricarlas

El Gobierno español se comprometerá por ley a promover y apoyar las iniciativas "que tengan por objetivo la restricción y, en su caso, la prohibición de las bombas de racimo, especialmente peligrosas para las poblaciones civiles". Así figura en una enmienda transaccional, a la Ley sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, que el PSOE ha ofrecido a los demás grupos. La paradoja estriba en que, según Greenpeace, empresas españolas fabrican bombas de racimo y, de momento, no hay intención de que dejen de hacerlo.

Convergència i Unió (CiU) había pedido la prohibición de las bombas de racimo (proyectiles que dispersan una gran cantidad de bombetas y convierten la zona afectada en un campo minado) mediante la técnica de asimilarlas a las minas antipersona, vedadas en España por una ley de 1998.

El PSOE no ha aceptado esta fórmula pero sí, con matizaciones, la propuesta de Izquierda Unida-ICV, que compromete al Gobierno a "promover y apoyar las iniciativas nacionales e internacionales, tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en los organismos multilaterales competentes, que tengan por objetivo la restricción y, en su caso, la prohibición de las bombas de racimo".

Carles Campuzano, de CiU, considera que, aunque la enmienda no obliga automáticamente a suspender la producción de bombas de racimo, será políticamente insostenible comprarlas o exportarlas una vez que se reconozca, en el articulado de una ley, que son "especialmente peligrosas para las poblaciones civiles".

En una reciente respuesta parlamentaria al diputado Joan Herrera, el Gobierno admitió que en España se fabrican "dos modelos de bombas dispensadoras de submuniciones", que "cumplen con los requerimientos técnicos de autodestrucción y autoneutralización" y que proporcionan "capacidades necesarias para el mantenimiento de la operatividad de las Fuerzas Armadas". En consecuencia, concluía, "no se considera conveniente la prohibición de su fabricación".

Según un informe de Greenpeace, las Fuerzas Armadas españolas poseen tres bombas de este tipo: la CBU-100B (Rockeye), la antipista BME-330 y la granada de mortero MAT-120. La primera es importada de EE UU y las dos últimas se fabrican en España. Las empresas españolas productoras son, según el mismo informe, Instalaza, SA, Explosivos Alaveses, Santa Bárbara e Internacional Tecnology. El pasado martes, activistas de Greenpeace colgaron una pancarta en la basílica de El Pilar de Zaragoza para protestar contra la fabricación de bombas de racimo.

Al margen de esta disposición, otra enmienda prevé que la Comisión de Defensa del Congreso emita un dictamen sobre las exportaciones anuales españolas de armamento y material de doble uso, "con recomendaciones de cara al año siguiente". De esta forma, el Congreso no sólo será informado sobre las ventas de armas, sino que tendrá oportunidad de pronunciarse sobre las mismas e influir en futuras operaciones mediante recomendaciones genéricas de cuyo grado de cumplimiento deberá dar cuenta el secretario de Estado de Comercio en su comparecencia anual siguiente.

En 2006, España exportó armamento por 845 millones de euros, el doble que en 2005.