Fallece Roberto García-Calvo, magistrado conservador del Tribunal Constitucional

El magistrado conservador del Tribunal Constitucional, Roberto García-Calvo, falleció ayer por causas naturales en su domicilio de la urbanización El Bosque, en Villaviciosa de Odón, Madrid, a la edad de 65 años, según fuentes del Alto Tribunal.

García-Calvo, nacido en 1942 en La Bañeza, León, fue promovido por el Partido Popular para el Tribunal Constitucional, y elegido en octubre de 2001. Su muerte cambia el correlato de fuerzas dentro del Alto Tribunal, ya que representaba el ala más opuesta a temas tan controvertidos como la reforma del Estatuto de Cataluña y la Ley del matrimonio homosexual, en línea con las tesis del Partido Popular.

Los magistrados García-Calvo y Rodriguez Zapata fueron recusados por el Gobierno en el recurso inconstitucionalidad del PP sobre la ley de 24 de mayo de 2007 modificadora de la vieja ley orgánica de 1979 del propio tribunal. El pasado 12 de marzo, los dos magistrados fueron apartados mediante auto del Alto Tribunal. La recusación se basó en una carta en la que los dos magistrados exigían a la presidenta del Constitucional su dimisión por la prologa de su mandato.

Durante el franquismo Roberto García-Calvo ocupó varios cargos en el sindicalismo vertical y en el Ministerio de Educación, previos a su designación, ya en abril de 1976, como gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de Almería, hasta que fue destituido en 1977 por Adolfo Suárez. García-Calvo era muy aficionado a la caza.

Ya en el ámbito de la judicatura, García-Calvo ha ejercido como fiscal y como juez. Tras iniciarse como fiscal en 1968, a partir de 1977 fue magistrado de Trabajo y en 1986 ascendió al Tribunal Central de Trabajo, de donde pasó a la fiscalía del Tribunal Supremo, al que se incorporó en 1995 como magistrado de su Sala Penal. Fue ponente de la sentencia que condenó a la Mesa de HB y que en 1999 fue anulada por el Tribunal Constitucional. Su voto fue el único, frente a los otros 10 de la Sala Penal del Supremo, que el 8 de marzo de 2001 apoyó, sin éxito, la petición del Gobierno para que el Supremo se inhibiera en la aplicación del indulto al ex juez condenado por prevaricación Javier Gómez de Liaño.

De ideología ultraconservadora, el PSOE impidió en 1988 su elección como vocal del Consejo General del Poder Judicial, cargo al que accedió en 1989, a propuesta del PP por un margen de dos votos. Tras su relevo, en 1990, pidió amparo al Tribunal Constitucional para continuar en el cargo. El 29 de octubre de ese año una resolución unánime del órgano al que luego se incorporaría, suscrita por Francisco Rubio Llorente, Eugenio Díaz Eimil y José Luis de los Mozos acordó no admitir a trámite el recurso "por dirigirse contra un acto parlamentario no susceptible de amparo constitucional".

El pasado mes de diciembre, un joven acusó a García Calvo de amenazarle con una pistola durante una discusión de tráfico. El Supremo archivó la causa en abril, ya que no se ratificó la denuncia y el joven se limitó a decir que se trató de una discusión "sin especial agresividad" y que en un momento determinado "el denunciado sacó un objeto del vehículo sin que pueda determinar qué fue".