Garzón amplía los cargos contra Pinochet por blanqueo de dinero y alzamiento de bienes
La querella alude a los fondos del dictador en el Riggs Bank e incluye a otras nueve personas
El juez Baltasar Garzón amplió ayer los cargos de genocidio, terrorismo y torturas por los que ya había imputado al ex dictador chileno Augusto Pinochet a los de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero. En un auto de 11 folios, el magistrado admite la ampliación de la querella presentada por las acusaciones contra el propio Pinochet, su esposa, Lucía Hiriart, así como contra otros ochos ciudadanos chilenos y estadounidenses que habrían participado en la ocultación de los fondos que el ex dictador tenía en el Riggs Bank o en dificultar e impedir su embargo por las autoridades.
Garzón ha declarado también la responsabilidad civil subsidiaria del Riggs Bank por la cantidad de 10.266.000 dólares, equivalentes a 10.300.000 euros. Esa responsabilidad se hace extensiva a las demás personas que contribuyeron a la detracción de los bienes alzados.
Los querellados, además de Pinochet y su esposa son: Joseph y Robert L. Allbritton, Steven B. P. Pfeiffer, Carol Thompson, Ashley Lee, Fernando Baqueiro, Raymond Lund y Oscar Custodio Aitken Lavanchy.
Los Allbritton, Pfeiffer y Thompson están implicados, según el auto del juez, en "dilatar, dificultar e impedir la eficacia del embargo, bloqueo, depósito de los saldos de las cuentas bancarias de Augusto Pinochet, directamente o a través de terceras personas, incluidos miembros de su familia, que tenía en el Riggs Bank".
Los otros querellados "habrían participado, bien como titular de las cuentas bancarias o cofirmante de documentos utilizados para la perfección de los contratos supuestamente delictivos -caso de Lucía Hiriart- bien cooperando para excluir el memorándum y los documentos de trabajo referidos a Pinochet en el Riggs Bank -caso de Ashley Lee- o bien llevando el control personal de las cuentas de Pinochet, como ocurre con Baqueiro y Lund. Aitken ha sido imputado por haber presuntamente cooperado en la creación de la sociedad Abanda Limited, con la finalidad de poner a salvo los bienes de Pinochet en 1999.
El embargo de los bienes de Pinochet en el Riggs Bank ya fue acordado por el juez anteriormente, si bien, con los nuevos datos aportados a la causa "se ha constatado que, al menos ocho millones de dólares fueron extraídos con posterioridad al hecho del bloqueo de las cuentas, circunstancia pública y notoria y por ende conocida por los responsables de la entidad bancaria que actuaron o de motu proprio en beneficio del cliente o por orden de éste, por sí o a través de persona interpuesta".
Garzón señala que los hechos desvelan que "aparentemente hubo un acuerdo doloso de voluntades entre los responsables del Riggs Bank y, en particular, entre Joseph y Robert L. Allbritton, Steven Pfeiffer y Carol Thompson y el titular de las cuentas, Augusto Pinochet y su esposa Lucía Hiriart, con el asesoramiento y dirección de Fernando Baqueiro y Raymond Lund que determinó la distracción -en la que también intervino ocultando datos Ashley Lee- de una importante cantidad de dinero de su destino legal, que hubiera sido la indemnización a las víctimas por los delitos aquí perseguidos (genocidio, terrorismo y torturas).
La existencia de fondos secretos propiedad de Pinochet fue desvelado en un informe del Senado de EE UU de 15 de julio pasado en el que se desvelaban también varios actos de terrorismo entre los que destacaba el asesinato de Orlando Letelier en Washington en septiembre de 1976.
Garzón ha ordenado la práctica de numerosas diligencias de investigación, así como dirigir varias comisiones rogatorias a un total de 12 países.
El magistrado precisa que debe conocer si existe en Chile o Estados Unidos proceso contra Pinochet o los otros implicados por alzamiento de bienes y blanqueo de dinero, ya que si así fuera, la justicia chilena o norteamericana sería la competente para investigar los hechos delictivos denunciados.
La Corte de Apelación de Santiago de Chile confirmó ayer en sus funciones al juez Juan Guzmán, encargado del proceso contra Pinochet por violaciones de los derechos humanos, rechazando la recusación interpuesta por los abogados del general.
