La Generalitat controlará la red eléctrica cada seis meses en vez de cada tres años

El Gobierno catalán anunció ayer un aumento notable de sus controles sobre la inspección de la red eléctrica, que pasarán de ser trienales a semestrales. Este anuncio fue la principal novedad aportada por el consejero de Economía, Antoni Castells, en la comparecencia parlamentaria en la que explicó el desarrollo de la crisis de suministro eléctrico que la semana pasada dejó sin servicio a 350.000 abonados del área de Barcelona. Castells suscribió también las críticas de la izquierda al presidente de Endesa, Manuel Pizarro. Los afectados "tienen derecho" a recibir de él, afirmó el consejero, las excusas correspondientes por un fallo del suministro "impropio" de un país con el grado de desarrollo de Cataluña.

Castells y el consejero de Interior, Joan Saura, explicaron en el Parlamento catalán las actuaciones llevadas a cabo por su Gobierno desde el inicio de la crisis, el 23 de julio. Pero la parte principal del debate giró sobre las responsabilidades y las medidas a adoptar para evitar que el apagón se repita.

El consejero asumió que las redes de transporte y suministro, que corresponden a Red Eléctrica Española (REE) y Endesa respectivamente, son "manifiestamente mejorables" y aseguró que la Generalitat incrementará la exigencia para su puesta al día. También garantizó que el Ejecutivo catalán impondrá las sanciones que correspondan una vez se hayan fijado las causas del apagón.

El incidente se debió, según el consejero, a "un fallo en la red" pero insistió en que el expediente abierto no permite determinar todavía si se debió a la insuficiencia de las inversiones, a deficiencias en el mantenimiento, al diseño de la red o a una combinación de las tres causas.

La inspección de la red es también una responsabilidad de las compañías, que hasta ahora daban cuenta a la Administración cada tres años. Castells anunció que el Gobierno incrementará la periodicidad de este control sobre las inspecciones, que pasará a ser semestral. Y elaborará una ley para garantizar el suministro eléctrico que entre otras cosas, prevea contingencias como la actual.

Los tres grupos de la oposición, (CiU, PP y Ciutadans) acusaron al Gobierno catalán de utilizar a las empresas como escudo para ocultar la ineficacia del control gubernamental sobre el servicio. El grupo del PP reclamó, además, una comisión de investigación. Los tres grupos que apoyan al Gobierno (PSC, ERC e ICV), cargaron la responsabilidad a las empresas y a que, según ellos, la privatización del sector eléctrico llevada a cabo por el Gobierno del PP no liberalizó el mercado y ha perpetuado la situación de monopolio.

La normalidad en el suministro no se recuperará según explicó Castells hasta febrero de 2008, aunque la mitad de los 150 generadores puestos en servicio para hacer frente a la emergencia podrán ser desconectados a finales de agosto. El suministro se ha restablecido, subrayó, gracias a reparaciones parciales y a los generadores, "pero se presta en precario".