La Generalitat quiere que afloren 480.000 viviendas turísticas

El Gobierno catalán ha aprobado hoy un nuevo decreto para conseguir que afloren cerca de 480.000 viviendas de uso turístico sin regularizar, conocidos como apartamentos turísticos, que desaparecen como figura legal. La Generalitat ha utilizado para este cálculo los datos del plan estratégico del sector, en el que se señalaba que Cataluña contaba con un total de medio millón de apartamentos turísticos, aunque en el momento más álgido sólo se encontraban inscritos 23.000.

El nuevo decreto establece que se denominará vivienda de uso turístico a aquella que sea alquilada por un período continuo igual o inferior a tres meses, para lo que tendrá que contar con una autorización que otorgarán los ayuntamientos, aunque no será necesaria la presencia de una empresa intermediaria. Quedan fuera de este ámbito los bloques de apartamentos que comparten servicios y que pasan a regirse por la normativa hotelera y tampoco será necesaria la existencia de empresas intermediarias, mientras que la responabilidad de tener la licencia y de cumplir las obligaciones fiscales subsidiarias dependerá de los propietarios.

En la explicación ante la prensa del nuevo decreto, el conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, que ha actuado como portavoz del Gobierno catalán, ha asegurado hoy que la norma no exige tanto una licencia municipal como "una autorización", por lo que se deja en manos de los consistorios esta decisión.

El Departamento que ha redactado el decreto, la de Innovación, Empresa y Universidades, defiende que este decreto hará posible "reconducir" un tipo de actividad que se llevaba a cabo al margen de las normas que rigen las actividades económicas, lo que hacía posible, por ejemplo, que muchas personas alquilaran su vivienda para turistas sin permiso, sin pagar impuestos y provocando problemas vecinales y municipales, como ha pasado en el distrito barcelonés de Ciutat Vella.

El consejero Josep Huguet defiende que con esta nueva normativa los ayuntamientos disponen de un "incentivo para hacer aflorar esta actividad, vía pago por la licencia de uso, a través de los ingresos fiscales que genere, o por sanciones municipales por uso indebido de las viviendas". Hasta ahora había muchos contratos de arrendamiento urbano que se sometían a este régimen de usos turístico, a través de un reglamento del 99 que permitía la existencia de los apartamentos turísticos, una alternativa legal que ahora queda cegada.