_
_
_
_
_
La investigación judicial del 'caso Gürtel'

El Gobierno de Camps contrató con otras cinco empresas de la trama

Dos de las firmas, con sede en Madrid, pagaron trajes del presidente

Un informe especial de la Agencia Tributaria sobre los ingresos declarados por las principales empresas con las que Francisco Correa operaba en España ha destapado nuevas relaciones del Gobierno de Francisco Camps con la trama corrupta. La Generalitat Valenciana no sólo contrataba con Orange Market, la firma de Álvaro Pérez, el directivo al que Correa envió a Valencia a abrir nuevo negocio, sino con hasta cinco empresas distintas de la trama -Easy Concept, Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral, Good and Better y TCM- con sede en Madrid, según los datos facilitados al juez por la Agencia Tributaria. Todas estas empresas han incluido en la relación de clientes de su declaración de ingresos entre 2004 y 2008 a la Generalitat Valenciana, con cerca de 300.000 euros de facturación.

Las sociedades declararon ingresos de 300.000 euros de la Generalitat
Más información
AENA adjudicó más de dos millones a tres sociedades de Correa
Costa pidió ayuda a El Bigotes para entrar en el Gobierno valenciano
El jefe de la inmobiliaria de los Cotino se reunió con El Bigotes y Crespo
La doctrina Trillo
Los zaplanistas piden que "se quiten ya las manzanas podridas"
Rajoy se preocupa por el deterioro de imagen pero se pone en manos de Camps
Camps ignoró a Pérez cuando concertó su cita con Richardson
La mayoría de los valencianos cree que Camps mintió

Como consecuencia de la investigación abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia contra cuatro altos cargos del PP por un supuesto delito de cohecho impropio, entre ellos el presidente Francisco Camps y el secretario general del PP, Ricardo Costa, el Ejecutivo autónomo informó al juez José Flors, instructor de la causa, de que había adjudicado casi ocho millones de euros a la empresa Orange Market en 44 contratos, la mayoría sin concurso. Como sólo se pidió información sobre esa firma, que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, "amiguito del alma" de Camps, el Gobierno valenciano no suministró datos sobre contratos con otras empresas de la trama.

El juez Flors finalizó la instrucción del caso en junio y propuso abrir juicio con jurado al entender que había suficientes indicios del delito que se le imputaba a los cuatro dirigentes del PP. Pero dos de los tres magistrados que componían la Sala de lo Penal, entre ellos el presidente, Juan Luis de la Rúa, del que Camps habla en términos de íntima amistad, decidieron archivar el caso al entender que no había relación directa entre los regalos de la trama corrupta y la función que desempeñaban en la Administración valenciana los cuatro dirigentes beneficiados por los trajes. La Fiscalía Anticorrupción recurrió ante el Supremo el archivo del caso.

La investigación sobre los regalos, primero en la Audiencia Nacional y luego en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, permitió acreditar que al menos tres empresas de la trama corrupta, Orange Market, Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral, habían utilizado parte de sus fondos para abonar, bien mediante cheques o bien mediante transferencias bancarias, la ropa regalada a los dirigentes del PP valenciano entre los años 2005 y 2008.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

El informe de la Agencia Tributaria ha destapado que esas tres empresas, no sólo Orange Market, contrataron con la Comunidad Valenciana por mecanismos que, en muchos casos, permitían la total discrecionalidad de los departamentos que adjudicaban los trabajos, pues se hacía por cantidades inferiores a 12.000 euros, con lo que se evitaba el concurso. Las mismas empresas que pagaron los trajes a Camps y a otros tres dirigentes del PP recibieron contratos de la Administración valenciana durante los años en que se registraron las dádivas.

El mismo informe de la Agencia Tributaria acredita, además, que entre los clientes de alguna de estas empresas de la red Gürtel figuraba una de las firmas contratistas de la Administración valenciana, Facsa, a la que la policía atribuye la financiación ilegal de actos del PP a través de la trama corrupta. Facsa, según la investigación judicial, pagaba a las sociedades de la trama corrupta, principalmente Orange Market, por servicios no prestados. Ese dinero, junto al de al menos otras cuatro constructoras, servía para financiar actos que Orange Market le montaba al PP valenciano.

Ricardo Costa, ayer, con la tesorera del PP, Yolanda García (a la izquierda, con gafas).
Ricardo Costa, ayer, con la tesorera del PP, Yolanda García (a la izquierda, con gafas).C. FRANCESC

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_