El Gobierno de Madrid cuestiona "la rapidez" con la que se ha reabierto el caso del espionaje
Gallardón: "Son los tribunales los que deben pronunciarse sobre el espionaje".- El TSJM aclara que el Poder Judicial acordó la prórroga de Luz Almeida como juez para todo este año judicial
El vicepresidente y portavoz del Gobierno de Madrid, Ignacio González, ha continuado esta mañana la línea de defensa emprendida ayer por segundas y terceras espaldas del PP tras la reapertura del caso del espionaje a Manuel Cobo y Alfredo Prada en la Audiencia Provincial de Madrid. Esta línea no es otra que cargar contra María Luz Almeida Castro, que dictó el auto junto a otros dos jueces. González ha tildado de "bastante sorprendente" la "rapidez" con la que la juez ha reabierto el caso, al tiempo que ha insistido en añadir a la juez el calificativo de "abogada socialista" -es hermana de Cristina Almeida, que fue portavoz del grupo socialista en la Asamblea-.
González ha cuestionado que después de año y medio de instrucción y de que se archivara dos veces al no existir indicio de delito ahora, "en solo 14 días", se nombra a una ponente -Almeida- y se abre de nuevo la causa. A juicio del Gobierno regional, "debe tratarse de uno de los récords mayores de la actuación de la Justicia en un caso de esta naturaleza". Según González, no es habitual que a un caso como este se le de "un tratamiento tan rápido" y que se haga "curiosamente, basándose en un único recurso", el que ha presentado el PSOE de Madrid.
Según González, el Gobierno de Madrid "respeta la resolución judicial" pero confía en que la justicia archive por tercera vez la causa "como lo ha hecho las dos ocasiones anteriores". También ha cargado contra al secretario general del PSM, Tomás Gómez, al que ha pedido que dé explicaciones sobre el caso Patrimonio Siglo XXI, por el que la ex alcaldesa de Torrejón y número dos del PSM fue condenada a ocho años de inhabilitación, y deje de "pontificar" en relación al del espionaje. Los socialistas, junto con IU, celebraron la decisión y reclamaron la renuncia de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, y la de su consejero de Interior, Francisco Granados, porque los presuntos espías trabajaban a sueldo del Ejecutivo regional.
Granados no va a dimitir
En el mismo sentido que González hablaron ayer el portavoz y el portavoz adjunto del PP en la Asamblea, Pedro Muñoz Abrines, y David Pérez, así como el abogado del PP nacional, José Manuel Montero que, para tratar de desacreditar la decisión judicial, la atribuyeron a una "influencia política". Abrines afirmó que "además de no ser titular de carrera por oposiciones es hermana de Cristina Almeida, que fue portavoz del grupo socialista en la Asamblea". Cristina Almeida defendió ayer que ni ella tiene nada que ver ya con el PSOE, ni su hermana, que ingresó en la sección XVI de la Audiencia Provincial hace un año para cubrir una vacante, tiene vínculos políticos.
Al respecto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido hoy una nota en la que aclara que en un acuerdo de 27 de julio de 2010, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial "acordó prorrogar para el año judicial 2010-11 el nombramiento de magistrados suplentes y jueces sustitutos designados para el anterior año judicial", en los términos de la propuesta formulada por la Sala de Gobierno del TSJM, "propuesta que incluía, entre otros, a María Luz Almeida Castro". El auto también lo firman los jueces Manuel Hidalgo Abia, presidente de la sección XVI desde 1989, y Rosa Esperanza Rebollo Hidalgo, titular de la misma sección. El primero es de tendencia conservadora y fue el ponente de la sentencia del caso Bono, en 2006, La juez Rebollo, que lleva siete años en la Audiencia Provincial, también formó parte del tribunal que juzgó y sentenció el caso Bono. Hasta cuatro veces se ha preguntado a González en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno por estos dos jueces conservadores sin éxito.
Sin embargo, el alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha apartado del argumentario de su partido, aunque ha sido para no pronunciarse. "Son los tribunales y no los políticos los que deben pronunciarse", ha declarado el alcalde en una entrevista en la cadena Cope. Gallardón se ha desvinculado así de la línea defendida por su partido hasta ahora. El alcalde de Madrid ha alegado que la respuesta corresponde a los tribunales a pesar de que su vicealcalde y mano derecha fue uno de los presuntos espiados. "Cuando se publicó la resolución de la juez archivando el caso tanto Manuel Cobo como yo dijimos que acatábamos la decisión de la justicia. Ahora hay un auto de la Audiencia de Madrid en sentido contrario y doy la misma respuesta: por respeto, por formación jurídica y porque también soy funcionarios, cuando un asunto está en manos de los tribunales, son los tribunales los que deben pronunciarse y no los políticos", ha concluido Gallardón.
Los principales espiados mantuvieron ayer silencio. Cobo declinó hacer comentarios y el exvicepresidente regional Alfredo Prada, anterior titular de Justicia e Interior, mantuvo su teléfono desconectado. Una portavoz de la Consejería de Presidencia aseguró ayer que Granados no va a dimitir por este asunto -los presuntos seguimientos partieron de su departamento-.
