Griñán atribuye el caso de los ERE a unos "sinvergüenzas"

El Gobierno andaluz limitó ayer a unos "sinvergüenzas" la responsabilidad política en el caso del presunto fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con dinero público. Un caso en el que, por el momento, se han hallado irregularidades en 14 empresas, en las que hay 39 personas que habrían cobrado supuestamente prejubilaciones sin trabajar nunca en ellas.

El Ejecutivo andaluz, presidido por José Antonio Griñán, sitúa el máximo nivel de responsabilidad en el ex director general de Empleo desde finales de 1999 hasta 2008, Javier Guerrero, quien se autoinculpó ante la policía judicial al afirmar que manejó un "fondo de reptiles". Guerrero se ha retractado de estas manifestaciones, pero el hecho es que ha cuestionado toda la política de ayuda a empresas en crisis del Gobierno andaluz desde esa fecha.

El caso de los ERE fue debatido ayer en el Parlamento andaluz, en el que el consejero de Empleo, Manuel Recio, compareció a petición propia y de los tres grupos de la Cámara. Recio no aportó ningún dato nuevo a los ya conocidos, pero sí defendió con énfasis la gestión de sus antecesores, José Antonio Viera y Antonio Fernández, que estimó "brillante". Las irregularidades en los ERE se produjeron durante sus mandatos.

Recio defendió la iniciativa de la Junta de poner en conocimiento de la justicia todos los casos irregulares, y de manera solemne dijo: "El que la hace la paga". "No vamos a temblar ante posibles irregularidades, vengan de donde vengan y las cometa quien las cometa", subrayó.

Tanto el PP como IU insistieron en reclamar "dimisiones" y en elevar el listón de las responsabilidades políticas. En este sentido, el portavoz popular, Antonio Sanz, apuntó hacia la actual y la anterior cúpula del Gobierno andaluz y del PSOE. "Es imposible que el procedimiento se haya manipulado sin el aval de Griñán, de Chaves, de Zarrías y de los exconsejeros de Empleo. Son las X, la Y y la Z de este escándalo". Sanz aludía a los informes que la Intervención General de la Junta emitió en 2005, 2006 y 2007, en los que mostraba su disconformidad con el trámite administrativo elegido, si bien los informes no eran vinculantes. El actual presidente de la Junta (Griñán) era entonces el consejero de Hacienda. Sanz pidió una comisión de investigación parlamentaria, a la que se opusieron los socialistas, y aseguró que "el nexo común" de los casos irregulares "son las siglas del PSOE". Recio le contestó: "Más que perseguir la verdad, lo que usted hace es perseguir socialistas. Confunde la parte con el todo, la excepción con la norma".