Jueces y secretarios anuncian protestas por el 'caso Mari Luz'

Jueces y secretarios de toda España amenazan con materializar mañana una protesta masiva por las "presiones políticas" que, según ellos, ha realizado el Gobierno en relación con el caso de Mari Luz Cortés. Esta niña onubense de cinco años fue asesinada presuntamente por un pederasta, Santiago del Valle, que estaba condenado en firme por abusos sexuales sobre su hija y que gozaba de libertad porque tanto al juez que llevaba el caso, Rafael Tirado, como a la secretaria del juzgado, Juana Gálvez, se les olvidó ejecutar la sentencia de cárcel que pesaba sobre él.

Fiscales progresistas critican "injerencias" y alertan contra "el corporativismo"

La protesta convocada para mañana tiene dos frentes: el de los secretarios, que sí pueden hacer huelga y que han anunciado que pararán durante tres horas, y el de los jueces, que tienen vetado hacer huelga pero que camuflarán este impedimento legal mediante convocatorias simultáneas de juntas generales de jueces. Mientras los secretarios se manifiestan contra los dos años de suspensión de empleo y sueldo impuesto por el Ministerio de Justicia a la secretaria Gálvez, los jueces sostienen que su protesta obedece a dos motivos: uno, las "presiones políticas" que se han lanzado desde el Gobierno para que el Poder Judicial endurezca la sanción de 1.500 euros que le impuso el anterior Consejo al juez Tirado; y dos, "la falta de medios de los juzgados y tribunales", hecho que, aseguran, fue lo que "determinó el fallo generalizado del sistema judicial" en el caso de la niña Mari Luz.

El ambiente está caldeado en la judicatura. A las juntas de jueces convocadas por los decanos se han unido las de los presidentes de las Audiencias Provinciales, así como un comunicado firmado por decenas de jueces del Tribunal Supremo en el que se pide al Poder Judicial "que desatienda" las "intolerables presiones" que, según este escrito, está recibiendo el órgano de gobierno de los jueces por parte de miembros del Ejecutivo.

Para apaciguar a los magistrados, el Consejo del Poder Judicial ha convocado para hoy, víspera de la huelga, a los 16 jueces decanos más importantes de España. El objetivo es analizar con ellos "los problemas que afectan a la Administración de Justicia", que es uno de los puntos de debate acordados para mañana por los decanos españoles en una reciente reunión que mantuvieron en Cádiz. La reunión con los decanos estará presidida por Carlos Dívar, presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Dívar advirtió el pasado jueves a los presidentes de los tribunales superiores, en una nota oficial, que las juntas de jueces no pueden perturbar el normal desarrollo de la actividad judicial. En el caso de los secretarios, el Ministerio de Justicia les ha impuesto servicios mínimos.

Las tres principales asociaciones de jueces han pedido a sus afiliados que secunden las protestas de mañana. En cambio, la Unión Progresista de Fiscales, aunque critica cualquier "injerencia política" en la tramitación de un expediente disciplinario, recuerda que "los paros y protestas que en determinados sectores se están proponiendo como reacción a las sanciones en estudio ofrecen una peligrosa imagen corporativista que, real o no, la sociedad difícilmente puede comprender".

Fuentes judiciales han explicado que "hay un encabronamiento generalizado en la carrera". Y que ese malestar es palpable en los más de 2.000 mensajes que han volcado jueces de todos los lugares y rangos en la intranet de la página web del Poder Judicial. Algunos mensajes, señalan estos medios, "son incendiarios y apuestan por convocar nuevas jornadas de protesta en noviembre".

Fue en la reunión que mantuvieron 40 jueces decanos en Cádiz hace dos semanas donde se empezó a gestar la protesta judicial de mañana. Los decanos llegaron a esa reunión escaldados. PP y PSOE acababan de nombrar el nuevo Consejo del Poder Judicial -"con un destacado perfil político de casi todos sus vocales"-, pero también coincidió con las declaraciones del ministro Fernández Bermejo y de la vicepresidenta Fernández De la Vega a favor de que el nuevo Consejo endureciese la pequeña multa de 1.500 euros impuesta al juez Tirado.

La portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo, ha defendido la "total independencia" de este órgano y asegura que cualquier comentario político sobre los expedientes disciplinarios que tramite el Poder Judicial sólo cabe enmarcarlo "dentro del derecho a la libertad de expresión" que tienen todas las personas, incluidos los cargos públicos.