Libertad con cargos para el alcalde y el edil de Urbanismo de Zurgena

El alcalde de Zurgena (Almería), Cándido Trabalón, ha quedado en libertad con cargos y sin fianza por orden de la titular del Juzgado número 2 de Huércal-Overa, Pilar Alfonso. El regidor, del Partido Andalucista (PA), fue detenido por los delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y cohecho. Su abogado, Antonio Salinas, no ha especificado si se mantienen los tres cargos. En la misma situación ha quedado el edil de Urbanismo, Manuel Tijeras.

El regidor, arrestado el pasado miércoles por su supuesta implicación en la construcción de un millar de viviendas en suelo rústico, abandonó pasadas las 14.45 el juzgado. A la salida, una veintena de personas que le esperaban le han aplaudido y dado muestras de apoyo. Ahora deberá presentarse en el juzgado el día 1 de cada mes.

Trabalón ha declarado a los periodistas que en las horas en las que ha permanecido detenido ha llegado a pensar que no valía "la pena ser alcalde". Además, ha culpado a su situación de "una venganza del PSOE".

"Esto ha sido un palo muy gordo que ni nos esperábamos ni nos merecemos", ha añadido Trabalón. "Lo que hemos hecho no es tanto como se decía, puesto que estamos en la calle", ha concluido.

"Actuación desproporcionada"

Su abogado ha insistido en esta idea. En su opinión, el que la juez haya dejado a su representado en libertad con cargos demuestra que la actuación de la Guardia Civil fue "desproporcionada".

El concejal de Urbanismo del ayuntamiento, Manuel Tijeras, también ha quedado en libertad con cargos tras prestar declaración durante poco más de una hora. A Tijeras se le imputan los cargos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio, ha informado a los periodistas Antonio Segura, uno de los tres letrados que representan a los políticos. Tijeras sólo ha declarado que tanto él como Trabalón tienen la conciencia "muy tranquila".

Misma situación para dos arquitectos

Igualmente han quedado en libertad con cargos los arquitectos Francisco Salvador y Carlos Berbellos, detenidos en esta trama de corrupción urbanística que la Guardia Civil denomina Operación Costurero, y los promotores Tomás Zurano, presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, y Antonio López Ramos.

Zurano está imputado por cohecho y desobediencia. El promotor cometió supuestamente este delito porque no atendió un requerimiento de la Junta de Andalucía para que paralizara una obra, según fuentes cercanas al caso. Su justificación es que la Junta no le precisó qué construcción había que parar.