Moratinos revela que Aznar aceptó escalas a Guantánamo, pero que no las hubo

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha revelado este miércoles que el Gobierno de José María Aznar autorizó escalas de aviones militares estadounidenses rumbo a Guantánamo, tal y como había adelantado ELPAÍS, para casos de emergencia, pero ha añadido que estos aviones con presos ilegales no llegaron a aterrizar en España.

Moratinos ha hecho esta revelación en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para informar del tránsito de vuelos de la CIA por territorio español. El ministro ha explicado que hubo cuatro aviones estadounidenses en la base militar de Morón (Sevilla) entre enero y marzo de 2002 para atender a vuelos procedentes de Afganistán con prisioneros talibanes, los cuales nunca llegaron a hacer escala en dicho aeródromo.

Según el titular de Exteriores, la decisión adoptada por el Ejecutivo de Aznar se enmarcó en el apoyo que España brindó a la llamada Operación Libertad Duradera, liderada por EE UU tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

La autorización de las escalas -ha relatado Moratinos- se fundamenta en un nota fechada el 11 de enero de 2002 bajo el título Solicitud de Estados Unidos de escalas aéreas en caso de emergencia, con membrete del entonces secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte. En este escrito, Jiménez Ugarte señalaba que correspondería a Exteriores contestar "afirmativamente" a la petición de EE UU de usar la base de Morón.

El ex secretario general de Política de Defensa dio cuenta de este acuerdo tras haber conversado con el entonces secretario de Estado de Política Exterior, Miquel Nadal, y con el Gabinete de Política Exterior del presidente del Gobierno. La "preferencia" para las escalas -se añadía en la nota- sería la base de Morón, de acuerdo con las indicaciones del presidente de la sección española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano. El escrito concluía que el ministro de Exteriores en aquel momento, Josep Piqué, "podría comentar este tema" al entonces titular de Defensa, Federico Trillo, "en algún próximo contacto".

Según el ministro, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "no recibió referencia" de estos documentos por parte del anterior Ejecutivo tras el traspaso de poder en abril de 2004. Moratinos ha explicado que su departamento ha tenido conocimiento de esta nota durante la investigación interna sobre la existencia en Exteriores del informe secreto, con la misma fecha que el anterior, publicado en EL PAÍS, en el que se pone de manifiesto la connivencia del Gobierno español con las operaciones norteamericanas para trasladar ilegalmente a personas detenidas a la base naval estadounidense en territorio cubano.

Localizar los documentos

Moratinos ha comunicado que el documento secreto no está en los archivos del Ministerio, a pesar de que su autor, el entonces director general de Política Exterior para América del Norte, Miguel Aguirre de Cárcer, confirmó a los investigadores la autenticidad del documento publicado por EL PAÍS y relató que elaboró tres copias: una que dio en mano al secretario de Estado de Exteriores, Miquel Nadal, para que se la diese al ministro Josep Piqué; otra que guardó en su caja fuerte, y la última, para el secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, informa Miguel González.

Ni el documento que dejó Aguirre de Cárcer en su caja fuerte, ni las copias dirigidas a Piqué y Nadal han sido hallados. La destrucción de documentos oficiales es un delito, aunque fuentes de la investigación aseguran que no se ha podido constatar aún si la pérdida se debe a negligencia o a una orden deliberada en el traspaso de poderes entre el PP y el PSOE en 2004.

Los nuevos documentos aparecidos, ha puntualizado el ministro, siguen llevando a la conclusión de que ningún vuelo militar estadouidense violó el Convenio bilateral de Cooperación para la Defensa o la legislación española.

Moratinos ha informado de que toda la documentación encontrada ha sido remitida al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que estudia el caso para dejar patente la voluntad de "transparencia y colaboración con la justicia" del actual Gobierno.