El PP propone que se puedan pinchar teléfonos en delitos menos graves

La reforma de ley orgánica sobre interceptación de las comunicaciones que el PP pondría en marcha si gobierna permitiría al juez pinchar teléfonos para delitos que lleven aparejadas penas superiores a dos años de cárcel y prohibiría la intervención de comunicaciones entre abogados y sus clientes y entre periodistas y sus fuentes de información, "salvo que existan datos objetivos de participación directa del abogado o periodista en los hechos delictivos investigados".

Esta proposición de ley, aún en fase de borrador, tiene como antecedentes la polémica suscitada por el sistema Sitel y los pinchazos telefónicos decretados por el juez Baltasar Garzón en la cárcel de Soto del Real entre abogados y sus clientes implicados en la trama Gürtel. Ahora, los jueces gozan de autonomía para decidir si se pincha o no un teléfono. La jurisprudencia, que no la ley, reserva estos pinchazos a los delitos graves, pero sin concretar nada.

Algunos jueces de la Audiencia de Madrid discuten esta propuesta. "El límite de dos años es demasiado bajo dada la gravedad de la medida, porque permitiría pinchar teléfonos en casi todos los supuestos. Es bueno acabar con la laguna actual, que conlleva cierta arbitrariedad, y que todos sepamos a qué atenernos", dice un magistrado. "Pero lo de los dos años es incluso peor de lo que hay ahora, que, jurisprudencialmente, está reservado para delitos graves, penados con más de tres años", añade.

Fuentes próximas al PP aseguran que se ha puesto el límite en dos años para que nadie pueda interpretar que el partido ha salido ahora con esta propuesta para anular o cuestionar en el futuro las escuchas del caso Gürtel. "En la fase de tramitación parlamentaria de la norma cabría perfectamente ampliar ese límite", señalan.